Sociedadpatria potestad | abuso sexual

Quitan patria potestad a funcionario de INAU y miembro de redes de "tenencia compartida"

Desde 2012 el padre no puede ver a la menor que hoy tiene 11 años. El fallo señala "conductas depravadas", maltrato y abandono de cuidados.

Un funcionario de INAU " perdió la patria potestad de su hija y un tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia por "costumbres depravadas, malos tratamientos y abandono del cuidado de su hija", informa el semanario Brecha en su edición de este viernes.

El fallo del Tribunal de Apelaciones de Familia de 2º turno presidido por Eduardo Cavalli se basa en el inciso 6 del artículo 285 del Código Civil.

JR integra las ONG "Todo por nuestros Hijos" que promueven la "tenencia equitativa" de los hijos. También es artista y trabajó en el Hogar "Estación Esperanza/San Ildefonso del INAU. Ahora está en una oficina administrativa del INAU.

Comenzó su carrera en el organismo como llavero y educador en el Centro Ser. Según Brecha, fue sumariado con una orden de no mantener contacto con los adolescentes detenidos.

Desde hace siete años, el hombre intenta por todos los medios volver a tener a la menor en su vida, pero las denuncias de la madre de la niña han bloqueado esa posibilidad.

En ese lapso, vio a la niña en forma clandestina, violando las restricciones judiciales. También fue denunciado por amenazas a la expareja y a su actual marido.

La menor nació en 2008 y poco tiempo después la pareja se separó.

La mujer lo acusó de violencia doméstica, pese a lo cual tras la separación llegaron a un acuerdo de visitas entre padre e hija, primero en lugares públicos y luego -ya con más confianza- en el hogar paterno.

JR fue acusado de incumplir las mínimas reglas para que la niña estuviera en un lugar en buenas condiciones.

Luego, los testimonios de la menor, alarmaron a la contraparte.

A los 3 años, la niña comenzó a tener comportamientos consistentes con señales de abuso, Según el expediente, tenía "conductas erotizadas", insomnio y mostraba manifestaciones de violencia contra otras personas y contra mascotas.

Fue tratada a nivel médico y comenzó a ser medicada con antipsicóticos, Volvió a usar pañales, y al empezar a desarrollar el lenguaje manifestaba "tener miedo de las cosas que hay dentro de su cabeza".

Comenzó a resistirse a ir de visita a la casa paterna y surgió primero una denuncia por violencia por parte del padre y luego de abusos, manifestando que su padre le decía que los "hijos duermen con sus padres"

La niña contó que un sobrino de su progenitor le pidió que le besara el pene y que un amigo del padre veía películas "con gente desnuda" en su presencia.

Las pericias posteriores arrojaron que la niña vivía estuvo "expuesta y sometida a conductas sexuales".

La última vez que la niña estuvo en esa casa fue en Nochebuena del 2011 y la última vez que vio oficialmente a su padre fue el Día de Reyes de 2012.

Desde entonces, durante algún tiempo, el padre se las arregló para ver a la niña a escondidas mientras el proceso de judicialización le negaba las visitas.

El primer juicio tuvo lugar en febrero de 2012 y el fallo fue contundente contra el padre.

En febrero de 2014, la madre inició juicio a JR para quitarle la patria potestad por múltiples causales.

La pericia psicológica al padre de la niña sostuvo: "posee los rasgos que presentan los abusadores intrafamiliares, marcados rasgos narcisistas, obsesivos compulsivos y paranoides. Se aprecia inmadurez psicoemocional, importante dependencia hacia la figura materna, descendida tolerancia a la frustración, especial sensibilidad a la crítica social y pedantería. Posee una idea sobredimensionada de sí mismo, con una sobrevaloración de su formación intelectual y cultural, como forma de reafirmar su importancia como persona".

En agosto de 2018, la justicia le dio la razón a la mujer y en abril de 2019 la Suprema Corte rechazó la casación presentada por JR.

A pesar de que el hombre dijo no tener ingresos por falta de trabajo, la justicia constató que JR trabajo todo el tiempo en INAU y percibía ingresos.

Las instituciones a las que pertenece JR fueron algunas de las que promovieron el proyecto de ley de tenencia equitativa.

Surgieron como respuesta a un sinnúmero de denuncias por abuso sexual surgidas en casos de matrimonios separados o en proceso de divorcio.

En agosto de 2015 presentaron el proyecto de ley denominado de "división equitativa del tiempo de contacto de menores con sus padres".

El proyecto de ley se presentó a instancias de los diputados Rodrigo Goñi y Gerardo Amarilla, con el apoyo de la llamada "bancada evangélica".

Los militantes de estos movimientos -la mayoría varones- han introducido en el debate público el concepto de "alienación parental" para explicar la pérdida de contacto con los hijos a partir de hechos tergiversados, de manipulación psicológica a los menores, y que en muchos casos llega a falsas acusaciones de abuso sexual contra padres en medio del reclamo de la tenencia o el establecimiento de regímenes de visita.

La teoría del Síndrome de Alienación Parental (SAP) formulada por el psiquiatra infantil Richard Gardner en 1985 es cuestionada a nivel académico.

El SAP ha sido rechazado como entidad clínica por las instituciones más reconocidas en el mundo en términos de salud y trastornos mentales. Por ejemplo, la OMS no la tiene en su lista.

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