El Tribunal Oral Federal N°2 de Argentina, encabezado por el juez Jorge Gorini, resolvió en la tarde de este martes que Cristina Fernández cumpla prisión domiciliaria. Lo hará en su apartamento del barrio Constitución, en Buenos Aires. Ya se encuentra allí, cumpliendo la pena de 6 años.
Justicia argentina dispuso que Cristina Fernández cumpla prisión domiciliaria, con tobillera electrónica
Cristina Fernández no debe presentarse ante la Justicia este miércoles como preveía, sino que ya se encuentra cumpliendo prisión en su apartamento de Constitución.
Foto: AFP.
La decisión judicial –que puede ser apelada por la Fiscalía– implica que ahora Fernández no debe salir de su casa. Tenía previsto presentarse este miércoles en Comodoro Py, pero esa citación quedó anulada.
En su apartamento, Fernández "deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes", señala la resolución firmada por el tribunal.
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La exmandataria argentina tiene 48 horas para informar los miembros de su familia, custodia policial, profesionales médicos que la tratan asiduamente y abogados que la representan, quienes podrán acceder al domicilio, sin pedir autorización.
Deberá permanecer en el domicilio fijado, obligación que no podrá quebrantar salvo en situaciones excepcionales de fuerza mayor que deberá justificar debidamente. Por fuera de estos supuestos, deberá requerir y obtener la autorización previa del tribunal, sin excepción.
El fallo del tribunal fue contrario a lo planteado este martes en la mañana por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes rechazaron la prisión domiciliaria. Su abogado, Alberto Beraldi, había pedido la prisión domiciliaria bajo el argumento de que la expresidenta tiene 72 años.
La condena.
Fernández fue condenada a cumplir seis años de prisión y no podrá volver ejercer cargos públicos de por vida luego de que la corte suprema confirmara su condena por corrupción en la denominada causa "Vialidad".
La fiscalía la acusó de "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública" y "asociación ilícita" en la adjudicación de obras viales durante su presidencia. Pidió 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
En 2019 comenzó el juicio oral y en 2022 un tribunal de primera instancia la encontró culpable de administración fraudulenta, pero no de asociación ilícita. Por esto la condenó a seis años de prisión e inhabilitación política.
La fiscalía y defensa apelaron. En 2024, la Cámara de apelaciones ratificó el fallo del tribunal.
La defensa y el fiscal general volvieron a apelar pero ante la Corte Suprema. Una pidió la absolución y el otro la elevación de la pena. El máximo tribunal resolvió ahora desestimar los dos pedidos y así confirmó la condena.
Con información de AFP.
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