Inddhh presentó un recurso de amparo contra la prospección sísmica para la búsqueda de petróleo en el mar

La Inddhh solicitó el cese de esa etapa. La presidenta de la institución, Mariana Mota, explicó que el recurso de amparo va dirigido al Ministerio de Ambiente, Ministerio de Industria, Energía y Minería, Ancap y las firmas petroleras que van a llevar adelante la actividad.

“Es un recurso donde se pretende que se suspendan esas prospecciones en base a una amplia información que se aporta en el recurso referente a los daños o al impacto ambiental que efectivamente tienen estas actividades. Impacto que no es negado por nadie, porque es evidente y porque además las empresas lo reconocen”, explicó.

Mota indicó que las empresas plantean formas de mitigación de los daños, que fueron consideradas insuficientes. “La mitigación no quiere decir que el daño no exista sino que el daño se va a dar efectivamente y el punto es cuál es el costo de esa actividad”, agregó.

El recurso indica que para la actividad se recurre a cañones de aire comprimido que son arrastrados por buques que emiten detonaciones que pueden superar los 250 a 300 decibeles. El ruido puede expandirse por más de 300.000 km2. El reflejo es captado por sensores para recolectar datos.

La Justicia tiene un plazo de tres días para convocar una audiencia. El gobierno no se ha pronunciado al respecto. Pero en ocasiones anteriores indicó que duplicó las medidas de protección de la fauna para el cuidado de ballenas, delfines, lobos marinos y tortugas marinas, entre otras especies, y estableció que no se puede realizar actividad a menos de mil metros de estos animales.

NO INNOVAR

En noviembre de 2025, la Asamblea Mar Libre de Petroleras Uruguay y la asociación civil Socobioma presentaron una medida cautelar no innovar con el objetivo de frenar la prospección sísmica y la exploración en busca de petróleo en el mar uruguayo. Este miércoles, la Justicia se pronunció.

El juez Federico Tobia dictaminó que el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 8º Turno carece de jurisdicción para entender en la medida cautelar presentada por las organizaciones ambientalistas.

"La decisión judicial no ingresó al análisis del fondo de la pretensión. No se expidió sobre la eventual ilicitud de los contratos cuestionados, no examinó su compatibilidad con el artículo 47 de la Constitución, la Ley 17.283, la Ley 19.128, ni evaluó la existencia de riesgo ambiental ni la aplicación del principio precautorio", afirman las organizaciones en un comunicado. "La decisión se limitó exclusivamente a declarar que la cuestión debería ventilarse ante la jurisdicción contencioso-administrativa", agregan.

Las organizaciones reiteran su intención de promover la nulidad absoluta de los contratos firmados por Ancap con las petroleras por tener causa y objetos ilícitos por contravenir normas constitucionales y ambientales.