COMUNICADO

Familiares de militares presos comunica planteo ante la ONU

Reclamaron por lo que consideran prisión arbitraria y procesamientos "sin garantías".

Familiares de los militares presos por hechos de la dictadura y años anteriores a ese período informaron que trasladaron una queja a representantes de Naciones Unidas sobre los procesamientos que consideran “sin garantías” y argumentaron que estas personas “cumplen prisión en formar arbitraria”.

Los delegados fueron recibidos por el Coordinador Residente de ONU Uruguay, Pablo Ruiz Hiebra, y la Asesora de Derechos Humanos de ONU Uruguay, del Alto comisionado para los DDHH, Graciela Dede.

La organización que se presenta con la denominación “Hijos y Familiares de Prisioneros Políticos” transmitió en un comunicado su satisfacción por el resultado del encuentro y concluyó que “con esta reunión se abrió un espacio de intercambio con la principal organización garante de los derechos humanos a nivel global”. Agregó que eso “constituye un hito fundamental en el avance hacia la liberación” de sus “familiares detenidos”, que consideran que es “en forma ilegal y arbitraria”.

La asociación comunicó que trasladó sus preocupaciones a miembros de la oficina de Naciones Unidas, con el siguiente fin: “informarles sobre la vulneración de derechos y garantías que sufren civiles, policías y militares que actuaron en defensa de las Instituciones a órdenes del mando político y militar durante los años 1970 y 1980”.

El comunicado indica que estos reclusos están “privados de libertad en forma ilegítima y arbitraria, bajo la pasividad y aquiescencia de los poderes del Estado”.

La organización, que se viene movilizando en las últimas semanas para reclamar la libertad de sus familiares, sostiene que “la aplicación en forma retroactiva de la ley penal más gravosa y la no aplicación retroactiva de la ley más beneficiosa” está “en evidente contradicción con las normas nacionales e internacionales;”.

Rechazan aspectos de estos procesamientos, que señalan como: “la inversión del principio de la carga de la prueba; el desacato por parte de los jueces de los fallos de inconstitucionalidad de la Ley N° 18.831 dictados por la Suprema Corte de Justicia en los casos concretos; los procesamientos y las condenas por delitos comunes ya prescriptos con consecuencias y castigos como si fuesen delitos de lesa humanidad”, entre otros puntos.

“Intercambiamos información sobre las acciones a realizar para impedir o cesar la prisión de este sector de la población discriminado y criminalizado por aplicación del derecho penal del enemigo, vulnerable por razón de la edad – se trata de adultos mayores cuyo promedio de edad es de 75 años- varios de ellos con patologías severas, con ningún grado de peligrosidad e integrados a la sociedad”, agregó la declaración.

La asociación de familiares también destacó “que a pese a que en Uruguay no existe la pena de cadena perpetua, ni las cárceles pueden utilizarse para mortificar”, en los hechos “han fallecido 12 prisioneros de un total de 50, lo que ha causado un impacto emocional negativo en el resto de los prisioneros”.

La delegación de ONU no emitió comunicado sobre el encuentro.