Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos se pronunció este jueves sobre la reunión del presidente Yamandú Orsi con el titular de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), John Pérez Brignani, por la situación de los militares retirados presos en la cárcel de Domingo Arena por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura.
Familiares de Desaparecidos considera "llamativa e improcedente" reunión por militares presos en Domingo Arena
"La sola visita de cortesía en este contexto genera un mensaje ambiguo hacia la ciudadanía y proyecta una deferencia injustificada hacia quienes integraron un aparato criminal que actuó al margen de la legalidad democrática", afirman en un comunicado.
Para la asociación, "resulta llamativa e improcedente toda 'consulta' o señal de preocupación institucional que pudiera interpretarse como sugerencia, sobre el Poder Judicial respecto de personas procesadas y condenadas por delitos gravísimos cometidos durante el Terrorismo de Estado". "La sola visita de cortesía en este contexto genera un mensaje ambiguo hacia la ciudadanía y proyecta una deferencia injustificada hacia quienes integraron un aparato criminal que actuó al margen de la legalidad democrática", agrega.
En un comunicado, remarcan que los militares retirados recluidos en Domingo Arena fueron juzgados por secuestros, homicidios, desapariciones forzadas, torturas y privaciones ilegítimas de la libertad, considerados crímenes inamnistiables, y que todos han gozado de las garantías del debido proceso, "garantías que no tuvieron jamás nuestros familiares ni los presos y presas políticas de la dictadura, sometidos a detenciones clandestinas, torturas, desapariciones y ejecuciones sin juicio alguno".
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Madres y Familiares aseguran que la negativa de los militares procesados y condenados a brindar información sobre el destino de los detenidos desaparecidos lesiona el derecho a la verdad y a la justicia plena.
Sobre la situación de los internos de Domingo Arena, la organización sostiene están alojados "en un establecimiento con condiciones privilegiadas, muy distante del hacinamiento y la vulneración de derechos documentados en otros centros de reclusión" y considera "aberrante" que se intente instalar la idea de que los criminales merecen un tratamiento excepcional. "La sociedad uruguaya ha luchado durante décadas para terminar con la impunidad. Retroceder en este camino es inaceptable", afirman.
"Reiteramos que la única vía para avanzar en la consolidación de una democracia plena es la vigencia de la justicia, la verdad y la memoria. Ninguna señal política debe poner en duda la legitimidad de los procesos judiciales ni el compromiso del Estado con la no repetición de los crímenes más graves de nuestra historia", concluye el comunicado.
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