Dos personas fueron condenadas por asociación para delinquir y estafa por maniobras con terrenos en Punta Negra, departamento de Maldonado.
Dos condenados y dos imputados por maniobras de estafa con la compraventa de terrenos en Punta Negra
Utilizaban poderes supuestamente autorizados por un escribano fallecido en 2006 con los que compraban terrenos que después vendían a terceros que actuaban de buena fe y pagaban por los predios.
La investigación se inició en 2019 a partir de una denuncia presentada por la Intendencia de Maldonado tras detectar irregularidades en operaciones inmobiliarias con terrenos en el balneario.
La maniobra consistía en utilizar poderes generales de administración, disposición y afectación supuestamente autorizados por un escribano, pero que falleció en 2006. Los documentos falsos figuraban como otorgados por personas también fallecidas en fechas posteriores a su muerte.
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Con esos poderes, los estafadores realizaban compraventas ficticias para adquirir formalmente los terrenos, que luego los vendían a terceras personas que actuaban de buena fe; obteniendo así un provecho económico con la maniobra.
En cuanto a la trazabilidad de los pagos de las operaciones, se constató que varios cheques consignados en las compraventas no habían sido cobrados ni acreditados en las cuentas de quienes figuraban como vendedores.
La Policía allanó las viviendas de los involucrados, donde incautó documentación, dispositivos electrónicos, un sello con el nombre del escribano fallecido, cuya firma se utilizaba en los poderes falsos, y copias de documentos notariales.
Por el caso, dos personas fueron condenadas por asociación para delinquir y como coautoras de dos delitos de estafa a 18 meses de libertad a prueba. Deberán fijar domicilio, presentarse en la comisaría, prestar servicios comunitarios y durante los tres primeros meses cumplir con arresto domiciliario nocturno. Durante todo el período de condena tendrán cierre de fronteras.
En tanto, otras dos personas fueron imputadas y se dispuso como medida cautelar el arresto domiciliario total con tobillera electrónica hasta el 22 de diciembre a las 20 horas. Además, la prohibición de comunicación con otras personas mencionadas por Fiscalía e implicadas en la investigación.
El caso está a cargo de la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 2º turno, a cargo de la fiscal Sandra Fleitas.
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