La Justicia condenó a un hombre a seis años y siete meses de prisión por su participación en una red de trata de personas con fines de explotación sexual de adolescentes, en el marco de la Operación Tríada. Fiscalía informó que se trata de la primera condena por este caso.
Condenan a seis años y siete meses de cárcel a un hombre por explotar sexualmente a adolescentes bajo amparo de INAU
El delincuente fue condenado por trata de personas, asociación para delinquir, almacenamiento de material de explotación sexual infantil y delitos sexuales. La investigación abarcó una red que explotaba sexualmente a adolescentes de entre 13 y 17 años, institucionalizadas en INAU.
Foto: Ministerio del Interior. Arresto de uno de los imputados en setiembre de 2026 por el caso.
El hombre fue condenado por trata de personas, asociación para delinquir, almacenamiento de material de contenido de explotación sexual infantil y abuso sexual especialmente agravado. Este último delito concurrió formalmente con los delitos de retribución a menores de edad y corrupción, mientras que los restantes fueron considerados en régimen de reiteración real.
La operación, que fue dada a conocer en setiembre de este año, comprendió tres investigaciones independientes vinculadas a situaciones de explotación sexual de adolescentes en situación de extrema vulnerabilidad, institucionalizadas bajo la órbita del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).
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Las víctimas tenían entre 13 y 17 años y estaban alojadas en dependencias del INAU. Según informó Fiscalía, eran explotadas sexualmente por personas de nacionalidad extranjera, en una red de trata de personas.
Por este caso, cuatro hombres —tres dominicanos y un venezolano— habían sido imputados por explotación sexual de adolescentes. En esa instancia, la Justicia dispuso prisión preventiva hasta marzo de 2027, sin perjuicio de que pudiera resolver condenas antes de esa fecha, como ocurrió ahora con uno de los casos.
Además de la pena de prisión, la sentencia dispuso que el condenado pague a una de las víctimas una reparación patrimonial equivalente a 24 ingresos mensuales o, en su defecto, a 24 salarios mínimos.
También le prohibió durante 10 años ejercer funciones públicas o privadas en las áreas educativa y de salud, así como en actividades que impliquen trato directo con niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia.
Por último, ordenó su inscripción en el Registro de Abusadores y Violadores Sexuales.
La investigación estuvo a cargo de las Fiscalías de Delitos Sexuales de 4.º, 5.º y 6.º turno, junto con las Unidades Policiales Especializadas en Delitos Especiales y Cibercrimen de la Dirección de Investigaciones de la Policía.
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