Un ciudadano chileno demandará en US$ 300.000 al Estado uruguayo por la decisión de la justicia penal al ordenar su detención durante 47 días en Panamá, con el objetivo de extraditarlo bajo la acusación de pertenecer a una red de tráfico de medicamentos para abortar.
Un chileno demanda al Estado por US$ 300.000 al ser detenido y extraditado por error
A pedido de la justicia uruguaya lo detuvieron en Panamá cuando iba de vacaciones por integrar una red de tráfico de antiabortivos. Era inocente.
En 2017 cayó una red de venta de Misprostol en un país en donde el aborto es legal
El hombre, un antropólogo de 34 años, sido detenido en la capital panameña en una escala previa a sus vacaciones en Cuba el 16 de enero de 2018. Compartió cárcel comunitaria con delicuentes procesados por homicidios, violaciones y otros delitos graves.
Al ser extraditado, la audiencia comenzó cuatro horas después de su arribo al país. El hecho ocurrió el sábado 3 de marzo.
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El abogado José Luis González dijo a El Observador que pronto se demostró que su defendido no tenía responsabilidad en el hecho.
El hombre fue liberado y volvió a Chile, dijo el profesional. Inició la demanda civil por el "suplicio" personal que debió pasar.
Según cuenta El Observador, este hombre cuando volvió a su país sufrió graves perjuicios profesionales ya que en algunos de sus trabajos fue desafectado por la divulgación de la noticia de su detención.
Ahora se sabe que hubo un hecho provocó el equívoco, y que ocurrió meses antes.
La investigación arrojó que durante su breve estadía montevideana -a mediados de 2017- el antropólogo se alojó en un hotel céntrico. En el mismo momento y en el mismo hotel había otro ciudadano chileno, de 33 años, pero nunca llegaron a saber uno de la existencia del otro, señala El Observador.
Por esas fechas la Policía estaba investigado una red de personas y farmacias que estaban vendiendo mioprostol a 6.000 pesos las cuatro pastillas. Hay que recordar que en Uruguay el aborto es legal.
Las escuchas telefónicas y testimonios de las mujeres consumidoras permitieron dar con uas 14 personas que terminaron procesadas por asociación para delinquir.
En el marco de la investigación se determinó que había un ciudadano chileno involucrado. Era el responsable de traficar una parte de las pastillas desde Santiago hacia Montevideo.
El fiscal Leonardo Morales y la jueza Julia Staricco lograron la identificación de los dos chilenos y ordenaron la captura internacional de ambos.
Por eso el antropólogo no entendía nada cuando se enteró que tenpia un requerimiento de la justicia uruguaya seis meses después de pasar por la ciudad.
La justicia panameña le dio la opción de pasar por un juicio antes de la eventual extradición para saber si la misma correspondía o no.
El detenido decidió pasar del juicio y acceder a la extradicción, previo paso de un mes y medio en cárceles panameñas.
Mientras todo eso sucedía la Policía ya había dado con el otro chileno.
El 25 de diciembre Interpol lo detuvo en el aeropuerto de Madrid.
El hombre confesó que vendió misoprostol y que hizo 3.800 dólares con el negocio.Quedó detenido y a la espera de la extradición.
Llegó a Uruguay en marzo y el 25 de ese mes fue conducido a la justicia.
Como ya estaba rigiendo el nuevo Código del Proceso, el segundo chileno ratificó su confesión y llegó a un acuerdo con la fiscalía de turno, que no era la de Leonardo Morales.
A consecuencia de los hechos que se le imputaban lo condenaron a dos meses y 21 días de prisión. Y como ya había pasado ese tiempo en la cárcel española, fue liberado de inmediato.
La jueza Staricco explicó a El Observador que pidió la extradición de ambos chilenos porque había pruebas que podrían involucrarlos. Por otra parte, dijo, queda en manos del país al que se pide extradición definir si vale o no la extradición.
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