CASO GILBERTO VÁZQUEZ

Tribunal de Alzada consultó al Ejército ante presunción de posibles delitos

Según surge de las actas entregadas por Defensa a Familiares, tras la consulta al mando, se reanudaron las actuaciones.

El Tribunal de Alzada que se formó para Gilberto Vázquez en 2006, tras su paso por Tribunal de Honor, detuvo sus actuaciones y consultó al mando del Ejército ante la presunción de posibles delitos. Sin embargo esto fue desestimado, según surge de las actas entregas por el Ministerio de Defensa a Familiares.

Un miembro del Tribunal de Honor militar que interrogó a Gilberto Vázquez en julio de 2006, por su fuga del Hospital Militar mientras estaba detenido por un pedido de extradición de la justicia argentina, advirtió que, según el artículo 77 del reglamento del Tribunal, cuando existiera la presunción de delitos militares o civiles se podían detener las actuaciones, comunicar al mando superior y eventualmente dar cuenta a la justicia.

Instantes después, según el acta del Tribunal, Vázquez dijo que el Ejército lo quería mandar preso por las cosas que hizo. “Yo tuve que ver con el caso Soba, estuve prácticamente dos años trabajando en Argentina, tengo que ver con el segundo vuelo, con el primero, con casi todas las cosas que pasaron por allá, menos la Gelman”. Sin embargo, estas y otras confesiones sobre su rol en dictadura no provocaron que el Tribunal formado por los generales Islas, Coutoure y Giorello diera cuenta a sus superiores, aunque sí concluyó que Vázquez cometió una falta gravísima y violó el honor de la fuerza con la fuga.

Tras este fallo, el seis de setiembre de ese año, el Tribunal de Alzada, formado por los generales Dardo E. Grossi, Daniel E. Castellá y Wile A. Purtscher, analizó la actuación del Tribunal y en virtud de lo que surgió detuvo sus actuaciones y elevó el tema al encargado de despacho del Comando del Ejército, general Manuel Saavedra. Al día siguiente, otra acta del Tribunal de Alzada daba cuenta del reinicio de las actuaciones.

Si bien se hace mención al artículo 77, que refiere a la presunción de posibles delitos, las actas no indican el motivo de la suspensión de actuaciones ni tampoco por qué están se reanudaron. Dichas actas fueron divulgadas por madres y familiares, tras recibirlas del Ministerio de Defensa.

El Observador reconstruyó el trámite del expediente tras el fallo del Tribunal de Alzada. Salió del Ejército y fue derivado al Ministerio de Defensa el 27 de setiembre para ser homologado. La abogada de la cartera, Nelly Méndez, elevó un informe a la ministra Azucena Berrutti donde da cuenta que los generales habían detenido las actuaciones y que habían continuado tras el aval de Saavedra. Pese a esto, estableció en su conclusión que no tenía observaciones que formular, por lo que estimaba que estaba en condiciones de homologarlo.

Tras pasar por otros cuatro funcionarios , que firmaron el informe sin observaciones, Berrutti y el presidente Vázquez homologaron el fallo el 28 de setiembre. Según El Observador, recién después de que el fallo fue homologado, al volver a Defensa para archivarse, el jefe de la Secretaría Central, Fausto Rossello, dejó constancia de que el expediente que le estaban entregando “no contenía” las actuaciones, donde figuraban las declaraciones de Gilberto Vázquez.

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