Tres días calientes para la anulación de la Caducidad

La semana que comienza estará marcada por fuertes tensiones políticas por la anulación de la Ley de Caducidad. Será una seguidilla abrumadora de actos y contactos a todo nivel. El 18 de mayo se conmemorarán los 200 años del Ejército. Ese día estará marcado por la presencia de Familiares de detenidos desaparecidos por la dictadura en las Piedras. Concurrirán cpn sus pancartas como forma de apoyar el mandato del Plenario del Frente Amplio para que se consagre la marcha atrás de la ley aprobada en 1986 durante la primera Administracion Sanguinetti.
Mujica enfrenta ese acto en medio de un enfriamiento en las relaciones entre el presidente Mujica y el ministro de Defensa Luis Rosadilla con los comandantes por la decisión política del oficialismo. A eso se suman problemas presupuestals y tiros cruzados entre los referentes de las Fuerzas Armadas por "problemas de servicio". Un ejemplo fue el relevamiento del general Pérez como jefe de la División 1 del Ejército por parte del comandante Jorge Rosales. Ambos jerarcas venían enfrentados desde tiempo atrás, y la situación explotó cuando Rosales le comunicó que Pérez no encabezaría los actos del 18 de mayo, como manda la tradición militar.El general encargado de la División de Ejército 1 era el principal postulante a suceder a Rosales cuando éste se retire en el ems de setiembre. El candidato a suceder a Rosales ahora es el General Burone, dijeron a Subrayado fuentes militares.
También el 18 de mayo retirados militares tendrán sus propia movilización. Se trata del tradicional acto en avenida Italia y Abacú que recuerda el asesinato de cuatro soldados por parte de Movimiento e Liberación Nacional-Tupamaros el 18 de mayo de 1972. En ese enclave hay un monolito que recuerda a los fallecidos, pero esta vez las entidades ligadas al plenario de Instituciones Militares y el Foro Libertad y Concordia pretenden darle un nuevo significado a la convocatoria.
"Estamos pidiendo a todos los militares retirados que vengan al acto. Es muy importante hacer uan demostración de poder importante", dijo el coronel (r) Jorge Puente, presidente del Centro de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas.
El 19 de mayo el Parlamento debatirá la anulación de la Ley de Caducidad. Como ha ocurrido ya en este mismo período, el oficialismo será gobierno y oposición al mismo tiempo, protagonista absoluto y dueño de la llave de la discusión. Durante el fin de semana, el Plenario del Frente Amplio mandató a sus legisladores a ratificar la anulación y de esa manera evitó la salida política planteada por la Vertiente Artiguista: solucionar la anulación por la vía de una consulta popular que, de alcanzar el mínimo exigido de apoyo de la población (25%), habilitaría el llamado a un nuevo referéndum obligatorio.
El diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP) Aníbal Pereyra, dijo que su sector ve “muy lejos” el referéndum porque existen “elementos de inconveniencia”. “Se estaría creando una salida muy compleja que la gente no la entendería . Ya hubo dos plebiscitos y la gente no entendería para qué sirve el tercero”, reconoció el legislador oficialista
Al descartarse esta medida las únicas salidas posibles son dos: la anulación o la vía de la derogación, que pasaría el peso de las decisiones en el presidente Mujica.
Para la anulación hace falta el voto del diputado Jorge Semproni, quien hasta el momento mantiene su intención de no votar el proyecto.
La senadora Lucía Topolansky se comunicó telefónicamente el viernes con el diputado para solicitarle que "no se inmole".
 “Lucía no me pidió que lo votara, simplemente me transmitió la preocupación del presidente, que dijo que no es necesario que yo me inmole. Lo entiendo como una actitud positiva y de solidaridad entre compañeros, producto de la sensibilidad del compañero presidente”, dijo Semproni.
Las reuniones con Semproni continuarán en las próximas horas. El diputado solicitará algunos cambios al proyecto interpretativo para alcanzar los votos que permitan aprobar la ley.
Todos en el gobierno saben que, más allá de las diferencias de concepto, se deberá buscar una nueva lectura a la Ley de Caducidad. El fallo del Tribunal Internacional en el caso Gelman es una advertencia para el país sobre tratados firmados en materia de derechos humanos. Las sanciones en la OEA podrían generar un enrarecimiento del clima de negocios, entre otros problemas. Brasil y Chile también están en la búsqueda de soluciones similares para el juzgamiento de delitos de lesa humanidad durante las dictaduras de los años 70.
Si no se aprobara la ley, el presidente Mujica ya dio aviso de cuál sería el camino cuando la semana pasada abrió por su cuenta el caso de un militante comunista asesinado en 1975, Álvaro Balbi, cuya muerte  por tortura fue incluida en la Caducidad por el ex presidente sanguinetti en 1988 a través de un acto institucional.
Mujica cree que la salida es adoptar la hipótesis del constitucionalista Martín Risso, quien planteó la posibilidad de reabrir los casos a través de este mecanismo. De este modo, el presidente podría reabrir  cerca de 88 casos que no habían sido investigados por decisión del poder Ejecutivo.
En el programa del Frente Amplio que llevó a Mujica a la presidencia estaba establecida la decisión de revisar la ley de Caducidad, pasara lo que pasara con el plebiscito de octubre de 2009. En esas elecciones se consagró la mayoría relativa que llevó a la presidencia a José Mujica, pero la consulta no resultó favorable al alcanzar por dos puntos porcentuales (48%). Entre los dirigentes frenteamplistas se reprochó a Mujica no haber hecho campaña por la derogación de la ley durante los actos políticos proselitistas.