Solo uno de los militares y policías citados fue a declarar por dos casos de la dictadura

Terra envió un certificado médico en el que dice haber tenido un accidente cerebral, por lo que no puede presentarse a declarar.

Guldenzoph y Grau directamente no fueron y la Justicia ordenará su búsqueda y detención.

En los próximos días continuarán las citaciones por este y otro caso recientemente abierto por el fiscal especializado Ricardo Perciballe.

ACUSADOS

Guldenzoph trabajó como periodista en la agencia UPI. Fue integrante de la Unión de Juventudes Comunistas (UJC), cayó preso a principios de la dictadura y luego se supo que comenzó a trabajar para inteligencia policial con el grado de "capitán".

Uno de los acusadores sobre su permanencia en La Tablada fue el exdiputado Gonzalo Carámbula, fallecido en 2015. Se le ha involucrado en varios casos graves como la captura y posterior desaparición de Ary Severo Barreto, entre muchas otras.

Los abogados Haris De Mello e Ivanna Fernández Arrillaga, solicitaron en 2015 ante la jueza Blanca Rieiro la clausura y archivo de las actuación por la presunta prescripción de los delitos imputados.

Después de la dictadura Guldenzoph -apodado "El Charleta"- ha tenido una intensa actividad social como jerarca del desaparecido diario Útimas Noticias -vinculado al grupo Moon-, e incluso llegó a ser secretario de la Federación para Salvar la Nueva Nación y del Movimiento Pro Verdaderas Familias, dos organismos religiosos de la secta.

Otro de los acusados es Enrique Uyterhoeven Castiglioni, alias Ulises, a quien se señala de actuar en el mismo centro de torturas como miembro del OCOA entre 1978 y 1982.

Sobre él pesan varias denuncias de desaparición: Omar Paitta, Félix Ortiz y Miguel Mato y por la tortura de cientos de hombres y mujeres.

En 1982 pasó al Comando del Ejército y en 1983 un Tribunal de Honor le dio de baja del Ejército por “habérsele escapado una presa”, según un perfil divulgado por el periodista Roger Rodríguez.

Otros dos citados eran Jorge Grau Olaizola, conocido como Gonzalo, teniente primero de infantería, y Robert Terra Do Canto, entonces capitán de Caballería.

EL CASO DE TREINTA Y TRES

El fiscal Ricardo Perciballe había solicitado que sean conducidos este martes los militares retirados, Rubi Daniel Feola, Pedro Buzó Correa, Juan Luis Álvez y Mohacir Leite.

Según publica La Diaria, los cuatro están involucrados en la causa por torturas a militantes de la juventud comunista en el año 1975.

Los afectados (39 niños y adolescentes de entre 13 y 18 años) presentaron la denuncia en octubre del 2011, pero desde entonces no ha concurrido a declarar ninguno de los indagados que fueron citados.

La Diaria señala que las víctimas fueron sometidas a plantones, submarinos, golpizas y picana eléctrica, en el Batallón de Infantería Mecanizada N.º 10, ubicado en el departamento de Treinta y Tres.

Este episodio fue ordenado por el entonces comandante de la jurisdicción, Gregorio Álvarez Armelino, seis años después convertido en presidente de facto.

El fiscal también pidió que se libre un exhorto a Chile, solicitando la extradición de del militar Wellington Sarli, también señalado por numerosas víctimas.

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Los militantes de la UJC olimareña luego de la liberación en 1976.

Brecha.