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Siguen protestas en Colombia "contra virus de la corrupción": ya hay 24 muertos

La promulgación de una reforma fiscal provocó revueltas y denuncias de abuso policial durante la represión

Miles de personas volvieron a las calles de Colombia el miércoles, en el octavo día de protestas contra el gobierno.

Los manifestantes llegaron hasta la Plaza de Bolívar, en Bogotá, aledaña a la sede presidencial. Un grupo intentó entrar al Congreso pero fue disuelto por la policía.

Lo que empezó como una manifestación pacífica el 28 de abril en rechazo a una reforma fiscal ya retirada se transformó en una de los mayores movimientos de protestas contra el gobierno.

La comunidad internacional ha denunciado excesos de la fuerza pública, mientras estudiantes sindicatos, indígenas y otros sectores exigen mejores condiciones en salud y educación, seguridad en las regiones y cese del abuso policial.

Las autoridades registran al menos 24 muertos, mientras ONGs denuncian que la policía ha disparado contra manifestantes.

"Estoy marchando contra la brutalidad policial, a favor de los derechos a la manifestación pacífica en Colombia, en contra de los asesinatos de las víctimas en Cali y en Bogotá, y porque estamos muy cansados de este gobierno", dice Naya Parra, defensora de Derechos Humanos.

También se han realizado bloqueos de vías, causando desabastecimiento de gasolina y temor sobre la llegada de insumos médicos en medio de la pandemia.

"Sentimos que en Colombia somos unidos y que podemos todo contra la corrupción. El virus no es el coronavirus, el virus es la corrupción de Colombia en ese momento", señala Raisa Reales, médica de urgencias.

Según la fiscalía, detrás de los desmanes están disidencias de las FARC que se apartaron del acuerdo de paz firmado en 2016, y el ELN, la última guerrilla reconocida en Colombia, además de bandas del narcotráfico.

Tras una semana de movilizaciones el gobierno cedió al diálogo y aceptó reunirse con inconformes "la próxima semana".

La ONU, La Unión Europea, Estados Unidos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch llamaron a la calma y exigieron garantías al gobierno.

MARCHA ATRÁS

El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció a fines de la semana pasada que va a revisar un controvertido proyecto de reforma tributaria rechazado con masivas protestas por castigar a la clase media en plena pandemia.

"He dado una instrucción muy clara al ministerio de Hacienda para que (...) construya un nuevo texto con el Congreso que recoja el consenso y que permita también nutrirse de propuestas valiosas" de los partidos, el sector privado y la sociedad civil, declaró en su programa cotidiano de televisión.

El mandatario conservador aseguró que la nueva propuesta descarta el aumento del impuesto al IVA para servicios y bienes, así como la ampliación de la base de contribuyentes con impuesto de renta, principales puntos de discordia.

"Eso tiene que dar tranquilidad y tiene que dar también certezas a la ciudadanía", agregó el presidente que enfrenta una popularidad en rojo (-33%).

El proyecto fue presentado como una forma de aliviar el bolsillo de la cuarta economía latinoamericana golpeada por la pandemia, que cayó 6,8% en 2020 en su peor desempeño en medio siglo.

Pero la propuesta fue rechazada por la oposición, sindicatos, estudiantes y otras organizaciones de la sociedad civil que la describieron como inoportuna y especialmente agresiva con la clase media. Incluso el partido de gobierno y sus aliados tradicionales le hicieron reparos.

El miércoles, decenas de miles de personas se volcaron a las calles de las principales ciudades del país, convocados por el llamado Comité Nacional de Paro que desde 2019 exige un cambio de rumbo al gobierno.

Aunque la mayoría de las protestas se dieron de forma pacífica, se registraron algunos disturbios, principalmente en Cali, Pasto y Popayán, capitales en el suroeste del país, que persistieron este viernes. Según el último balance oficial hay 209 policías heridos y 185 arrestos. Se desconoce el número de civiles lesionados.

El ministro de Defensa, Diego Molano, anunció la llegada de unos 3.000 policías y militares a Cali, capital del Valle del Cauca, en respuesta a lo que denunció como "hechos violentos premeditados, planeados y patrocinados por organizaciones criminales".

El gobierno aspiraba recaudar unos 6.300 millones de dólares entre 2022 y 2031 con la reforma y mantener así su calificación crediticia.

Colombia, con 50 millones de habitantes, enfrenta actualmente un tercer pico de contagios que rompe récords de muertes diarias por covid-19 y tiene al sistema hospitalario al bordo del colapso.

Desde el 6 de marzo de 2020, el país registra más de 2,8 millones de contagios y 73.200 muertes.

En proporción a su población, es el quinto país con más fallecidos por coronavirus en América Latina y el Caribe y el cuarto con más casos, según un recuento de la AFP.

LA REFORMA QE NO FUE

El gobierno aspiraba a recaudar unos 6.300 millones de dólares entre 2022 y 2031 para aliviar el bolsillo de la cuarta economía Latinoamericana, golpeada por la pandemia.

A poco más de un año de terminar su mandato y con la popularidad en rojo (33%), Duque ha enfrentado obstáculos para defender la iniciativa en un Legislativo sin mayorías claras.

"Es una reforma ambiciosa en términos de recaudo", en la que un "gran porcentaje de impuestos (...) recae sobre todo en las personas naturales", dijo a la AFP Carlos Sepúlveda, decano de economía de la Universidad del Rosario.

La clase media sería la más castigada en el llamado a rescatar unas arcas vaciadas por la pandemia, coinciden expertos.

De acuerdo con Sepúlveda, la propuesta busca invertir la fórmula actual, donde "el 70% del impuesto de renta viene de personas jurídicas y 30% de personas naturales".

Así se contempla gravar por primera vez con impuesto sobre la renta a las personas que ganen más del equivalente de 656 dólares mensuales, en un país donde el salario mínimo es de 248. Actualmente ese rubro concierne a quienes reciben ingresos por más de 1.000 dólares mensuales.

El gobierno espera aumentar los impuestos indirectos como el IVA (la gasolina pasaría del 5% al 19%) y gravar los servicios básicos en zonas de clase media-alta, así como los funerales.

La reforma estima también un impuesto a la riqueza para personas naturales, cuando su patrimonio líquido supere los 5.000 millones de pesos (1,3 millones de dólares).

Para Andrés Zambrano, profesor de Economía de la Universidad de Los Andes, este tributo "se queda corto", pues "debería arrancar en un umbral menor, de 3.000 millones (811.000 dólares) y con una tarifa más alta al 1%" estipulado.

En cuanto a las empresas la reforma crearía una sobretasa de 3 puntos porcentuales al impuesto de renta y una tarifa más baja para los negocios pequeños.

Y aunque los ricos contribuyen con altos tributos, "los mega ricos pagan una tasa más baja, porque saben usar las exenciones y tienen un ejército de contadores que les ayudan a deducir más impuestos", añade el experto.

En su peor desempeño en medio siglo, el Producto Interno Bruto (PIB) del país se hundió 6,8% en 2020 y el desempleo trepó al 18,1% en febrero. Casi la mitad de los 50 millones de habitantes está en la informalidad.

FUENTE: AFP

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