Violencia política sacude Colombia: amenazas de muerte al presidente Petro y senadora secuestrada

Su denuncia ocurre en medio de un pico de violencia que sacude la campaña electoral cuando faltan tres meses de los comicios presidenciales, en los que por ley Petro no puede buscar la reelección.

Presionado por Washington y a seis meses de dejar el poder, Petro aumentó la presión contra carteles y guerrilleros como Iván Mordisco, el criminal más buscado de Colombia y jefe máximo de la disidencia más poderosa de las FARC.

Por otra parte, una senadora indígena estuvo secuestrada por algunas horas este martes en el suroeste de Colombia, en una una zona de influencia guerrillera, y el presidente Gustavo Petro denunció un plan para asesinarlo, en un nuevo repunte de la violencia política en plena época electoral.

La senadora Aida Quilcué, de 53 años, fue raptada junto a sus dos escoltas en el departamento del Cauca, una región conflictiva y cocalera controlada por las disidencias de las FARC que se apartaron del acuerdo de paz de 2016.

Su equipo de trabajo informó en la red X que un grupo de indígenas la rescató en una "rápida acción", en un país donde las autoridades de pueblos originarios en ocasiones se enfrentan a los grupos rebeldes. La camioneta en la que viajaba junto a sus escoltas había sido abandonada en una carretera.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que la legisladora y los miembros de su esquema de seguridad "están bien".

El ejército publicó imágenes de la senadora Quilcué ingresando en un tanque blindando junto a uniformados de la unidad antisecuestro.

"Ya estoy bien", dice mientras llora en un video publicado por el ministro Sánchez.

A pocos meses de las elecciones legislativas y presidenciales que se celebrarán el 8 de marzo y el 31 de mayo, respectivamente, se acumulan las amenazas contra dirigentes, candidatos y líderes sociales.

"Un grito de guerra"

El pueblo indígena nasa, al que pertenece Quilcué, está fuertemente amenazado por grupos ilegales.

La legisladora, perteneciente al movimiento oficialista Pacto Histórico, ya había denunciado un atentado en su contra cuando postulaba al Senado en 2022.

Ataviada habitualmente con pañuelos y diademas rojas y verdes, colores distintivos del pueblo nasa, Quilcué es una importante líder social. Defiende los derechos de los pueblos indígenas, la autonomía territorial y el legado cultural.

"Donde no la suelten es un grito de guerra contra todos los indígenas del Cauca y del país", había dicho Petro sobre su secuestro. "Ojalá se resuelva rápido", "porque si no, han cruzado una línea roja", añadió el mandatario.

En medio de una nueva política de guerra frontal contra los grupos armados, el mayor cartel del país, conocido como el Clan del Golfo, suspendió en los últimos días los diálogos de paz que sostenía con el gobierno.

El pacto de paz de 2016 con la extinta guerrilla de las FARC alivió por unos años la violencia política, pero estas elecciones pueden ser unas de las más violentas desde entonces.

El fantasma del magnicidio

Cientos de municipios en Colombia están bajo riesgo de actos de violencia electoral y de presiones de grupos armados que buscan influir en las elecciones de 2026, de acuerdo con organismos como la Misión de Observación Electoral.

La guerrilla del ELN se atribuyó un atentado contra la caravana de vehículos de un senador la semana pasada en Arauca, región fronteriza con Venezuela, en el que murieron dos guardaespaldas. El legislador Jairo Castellanos no viajaba en el convoy.

El magnicidio del candidato presidencial y senador de derecha Miguel Uribe, que murió en agosto víctima de un atentado a tiros dos meses antes, revivió los fantasmas de la violencia del narco contra políticos en las décadas de los 80 y 90.

Durante el gobierno de Petro ha habido al menos cuatro agresiones contra senadores, incluido el de Miguel Uribe.

Petro, el primer presidente de izquierda en la historia del país, denunció en 2024 otro supuesto intento de asesinato en su contra en Bogotá.

Colombia es uno de los países más mortíferos contra defensores de derechos humanos y ambientales. También tiene una larga lista de dirigentes de izquierda asesinados, incluidos candidatos presidenciales, por parte de alianzas entre narcotraficantes, grupos paramilitares y agentes del Estado.