Si se desata Caducidad, 400 militares desfilarán por juzgados

Según expresó el secretario de Presidencia, Alberto Breccia, se esperará hasta el jueves o viernes para dictar y promulgar el decreto ya que "pueden existir casos particulares, que alguno de los denunciantes puedan pretender actuar de forma diferente, y que sus casos no sean excluidos. Estimamos que no van a existir esos casos, pero pueden haberlos".

El vocero de la Suprema Corte de Justicia, Raúl Oxandabarat, explicó que tras la resolución del Poder Ejecutivo los cass serán distribuidos a cada juzgado y la resolución será caso a caso. Mirá sus declaraciones a Subrayado.

La primera fecha de caducidad era el 1° de noviembre. Con la reapertura de todos los casos, si tras esa fecha los jueces siguen indagando y citando a militares, los abogados defensores podrán presentar recursos para plantear que las causas están prescritas.

 De acuerdo con la mayoría de la actual jurisprudencia, (confirmada recientemente por la Suprema Corte de Justicia) el delito aplicado a las causas de derechos humanos es homicidio muy especialmente agravado.

Ese delito prescribe a los 20 años. Sin embargo, como no se computan los años de la dictadura, se contabiliza a partir del 1 de marzo de 1985 y se le suman seis años y ocho meses por tratarse de homicidios agravados. Esto quiere decir que en este escenario los delitos prescribirían en 2013.

Uno de los abogados consultados, Emilio Micolick, quien defiende a varios militares, adelantó que solicitará la inconstitucionalidad de ser necesario.

El abogado Miguel Langón, ex fiscal y actual defensor de militares,criticó el estado de cosas:   "una vez más se ve la inseguridad jurídica, la cantidad de cambios permanentes", dijo al diario Ultimas Noticias.

También las gremiales militares se mostraron preocupados ante lo que consideran una inconstitucionalidad. Jorge Puente, presidente del Centro de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas, dijo qué piensa sobre la situación.

En la víspera el Poder Ejecutivo dio a conocer la razón de la revocación de actos administrativos de anteriores presidentes. De este modo enviará los 88 casos al Poder Judicial, quien se encargará de estudiarlos y verificar si hay elementos suficientes para desarchivar el caso y reactivar la investigación.

"Se revoca, por razones de legitimidad, todos los actos administrativos dictados por el Poder Ejecutivo, en aplicación del artículo 3 de la Ley 15.848 (Caducidad) del 22 de diciembre de 1986, que consideraron que los hechos denunciados estaban comprendidos en las disposiciones del artículo 1° de la referida ley", expresó ayer Breccia, en conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva.

El secretario de presidencia explicó que el principal motivo que llevó a tomar esta decisión, fue la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) en el caso Gelman.

Este fallo establece "en el numeral 11 que el Estado debe garantizar" que la ley de Caducidad no interfiera en las investigaciones.

Por otra parte, anunció que en cumplimiento del fallo de la Cidh, solicitaron a la Suprema Corte de Justicia el acceso a fichas judiciales, y al Ministerio de Defensa las fichas clínicas de Sanidad de las Fuerzas Armadas. Estos documentos serán estudiados por un equipo de historiadores de la Universidad de la República.

Para los militares agrupados en el foro militar Libertad & Concordia todo forma parte de una acción psicopolítica desarrollada por una "minoría" formada "por jueces y fiscales" para generar "condena social" a los oficiales que actuaron durante la dictadura militar. A los 27 civiles y militares procesados los consideran "presos políticos" de la democracia.

El vocero de la organización, Cnel. (r) Juan Pérez Azziz estimó que más de 400 militares deberán desfilar por los juzgados si se abren los casos que habian sido protegidos por la Ley de Caducidad.

En nota con Subrayado, integrantes de la mesa directiva admitieron que en la guerra sucia "pasaron cosas horribles", pero no precisaron a que se referían. Cuando se les preguntó a los tres entrevistados si ellos habían torturado a algún preso, negaron la cuestión, al menos en sus casos particulares.

Entre los miembros de Libertad & Concordia se encuentra Tranquilino Machado, recientemente procesado por el asesinato de ramón Peré el 6 de julio de 1973 durante una refriega entre Fuerzas Conjuntas y estudiantes de Veterinaria.

Aquí podrás ver una síntesis de la conversaciíon con Subrayado. Allí explican su puntod e vista sobre el revisionismo histórico que vive la sociedad uruguaya.