Mujica abre los 88 casos protegidos por la Ley de Caducidad

Mujica había anunciado que analizaba dos caminos: ir caso a caso, o mediante un sólo decreto.

De este modo, el Poder Ejecutivo establece pautas para que se reabran nuevas causas además de las que ya están en la justicia y otras que estaban exceptuadas de la Caducidad y cuya investigación estaba pendiente.

Se espera de este modo que los juzgados a cargo de los jueces Mariana Motta, Luis Charles, Rolando Vomero, Ruben Saravia, entre otros, tengan nuevos casos a su cargo en el breve plazo.

Entre los casos que ya estaban pendientes de apertura están la muerte y desaparición de Julio Castro, la muerte de Cecilia Fontana de Heber (el caso del "vino envenenado").

Otros casos que se investigan son los de la Fundación Mario Benedetti. La institución  entregó a la jueza penal Mariana Motta la investigación por la muerte de 19 militantes de izquierda entre 1972 y 1976, durante la presidencia de Juan María Bordaberry.

El último procesado fue Tranquilino Machado por la muerte de Ramón Peré, el 6 de julio de 1973 durante una refriega entre Fuerzas Armadas y estudiantes de Veterinaria.

También está bajo investigación la muerte del militante tupamaro Horacio Ramos, que apareció ahorcado en el Penal de Libertad en 1981.

Son indagados el director del penal, Cnel. (r) Walter Gulla, y el coronel aviador (r) Enrique Rivero, ya procesado por otros delitos en la Unidad 8 de Domingo Arena.

Los coroneles José Nino Gavazzo, Ricardo Arab, Jorge "Pajarito" Silveira, Ernesto Ramas y Gilberto Vázquez fueron sentenciados por el juez penal de 19º Turno, Luis Charles, a una pena de 25 años de penitenciaria como autores responsables de 28 delitos de homicidio ("Caso Segundo vuelo") muy especialmente agravados en reiteración real.

El coronel Luis Maurente y los policías Ricardo "Conejo" Medina y José Sande Lima fueron sentenciados a 20 años de penitenciaria, también como autores responsables de esos 28 homicidios, mientras que el soldado Ernesto Soca se mantiene en arresto preventivo tras la extradición a Argentina otorgada por la jueza Fanny Canessa.

También se encuentra bajo prisión administrativa (Hospital Militar) el coronel Carlos Calcagno, quien fue requerido en extradición desde Paraguay por la desaparición de Federico Tatter y tiene una causa abierta en Uruguay por el traslado ilegal de los desaparecidos Nelson Santana y Gustavo Inzaurralde en 1977.

Por su parte, el coronel (av) José Uruguay Araújo Umpiérrez, detenido en la Base de Boiso Lanza, fue liberado cuando se rechazó una solicitud de extradición a Argentina , pero regresó a la cárcel a pedido de la fiscal Guianze por su papel en la coordinación del llamado "segundo vuelo" de Orletti.

El ex  dictador general Gregorio Alvarez, y el capitán de navío Juan Carlos Larcebeau, imputados por delitos de "desaparición forzada" ("Terceros traslados") que un Tribunal de Apelaciones terminó por tipificar como "reiterados delitos de homicidio especialmente agravados". Dos semanas atrás, Álvarez fue procesado por el homicidio de Roberto Luzardo, militante tupamaro fallecido en el Hospital Militar en 1973. El juez Juan Carlos Fernández Lechini tipificó el delito de homicidio con “agravantes especiales e imprescriptibles"

El Coronel Ramas, actualmente en el Hospital Militar, igual que Gavazzo, escribe en la sección "Carta de los lectores" del semanario Búsqueda y de la web que los defiende en www.envozalta.net.

Prisión domiciliaria  logró Juan María Bordaberry luego de ser  condenado por los asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw. Fue procesado además por otros 11 homicidios. También se recupera en el Hospital Militar el general Miguel Dalmao, el único oficial en actividad procesado durante la actual gestión. Dalmao fue encontrado responsable de la muerte de la militante Nibia Sabalsagaray.

Juan Carlos Blanco, procesado por la desaparición de la maestra Elena Quinteros y por el homicidio de Zelmar Michelini y Héctor Gutierrez Ruiz, se mantiene recluido junto a otros presos comunes en la Cárcel Central ubicada en los sótanos de la Jefatura de Policía de Montevideo en San José y Yi.