Desde el 17 de diciembre de 2017, el software espía conocido como "El Guardián" realizó más de 10.200 interceptaciones.
Policía realizó 10.000 interceptaciones con software espía "El Guardián"
Por primera vez, desde diciembre de 2017, la Policía presentó la información a la Suprema Corte de Justicia.
La oficina de El Guardián se mantuvo operativa, desde el inicio, en un local de la calle avenida del Libertador, donde funcionan oficinas de ANEP y Banco de Seguros.
Las cifras de estas operaciones policiales fue divulgada en la víspera tras un reclamo de la Suprema Corte de Justicia.
El ministro del Interior Eduardo Bonomi entrego la información a la autoridades de la justicia , que habían manifestado sus planteos debido al escaso nivel de control que tuvo hasta el momento la aplicación del Sistema Automatizado de Interceptaciones Legales (Sail), que controla el funcionamiento de "El Guardián".
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El gobierno nunca mandó los reportes trimestrales comprometidos sobre escuchas realizadas y otros seguimientos.
Bonomi explicó que nunca se mandaron esos reportes porque el Poder Judicial nunca nombró oficialmente al enlace para enviar la información.
El hecho fue desmentido por la SCJ, que mostró un documento de mayo de 2017 en el que se designaba a un secretario letrado para recibir los datos.
El propio ministro reconoció que fue un error suyo.
"El Guardián" puede interceptar no solo llamadas telefónicas, sino también e-mails, redes sociales y otro tipo de mensajes a través de internet.
Tampoco se cumplió el acuerdo previo de que las empresas telefónicas informaran al Poder Judicial sobre la operativa en conjunto.
El 25 de junio, representantes de estas empresas se reunieron con la SCJ para plantear reparos legales.
Jorge Chediak, ministro de la Suprema Corte, dijo que se estudiará el marco normativo a partir de estos planteos.
El protocolo entre el Ministerio del Interior y el Poder Judicial se firmó el 1º de diciembre de 2015. Allí el primero se comprometía con el segundo a reportar la operativa e incluso se establecía en qué casos la Policía iba a requerir permisos de los jueces.
Precisamente esos datos son los que la SCJ quiere cruzar a partir de la información del Ministerio del Interior.
El software fue adquirido a Brasil en dos millones de dólares. Según se anunció podía interceptar hasta 800 correos electrónicos al mismo tiempo, y también unos 200 llamados telefónicos.
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