Polémica por firma de Arbeleche en exoneración de impuestos a empresa donde trabaja su esposo

Gil Iribarne dijo que lo que hizo la ministra “no es un delito sino una falta administrativa”, y que en este caso “su jerarca debe analizar” que corresponde hacer con la secretaria de Estado, y que eso le corresponde al presidente de la República.

“Que un ministro viole la ley, no es bueno”, insistió el expresidente de la Jutep.

En el gobierno no quisieron hacer declaraciones, pero desde el Ministerio de Economía transmitieron el convencimiento de que la situación es ajustada a derecho.

lanafil S.A, empresa que vende productos fitosanitarios, presentó ante la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (COMAP) un pedido para acceder a beneficios tributarios por una inversión de más de 38 millones de pesos en obra civil, compra de equipos y vehículos eléctricos.

El gerente general de lanafil es el ingeniero químico Juan Alzugaray, esposo de la ministra Arbeleche.

La COMAP recomendó al Poder Ejecutivo aprobar el beneficio de inversión dado que cumple con lo establecido en la ley de inversiones, lo que derivó en una resolución firmada por Arbeleche el pasado 3 de agosto declarando promovida la inversión.

De acuerdo a la ley, esto permite exonerar impuestos de importación, de un porcentaje de IRAE a la inversión elegida y otorga crédito de IVA por la compra de bienes y servicios para la inversión.

Ante cuestionamientos por un posible conflicto de intereses, fuentes del Ministerio de Economía indicaron a Subrayado que la decisión de Arbeleche fue ajustada a derecho, no hubo un uso indebido de la función pública y no se otorgaron beneficios indebidos, cumpliendo con los artículos del Código de Ética Pública, en particular el 31 de la ley 19.823.

Desde el Ministerio, indicaron que los informes de la COMAP, en donde actúan representantes de varios ministerios, son vinculantes. Por ese motivo, el ministro no puede apartarse de dicho informe y no deja margen de decisión. Sostienen que el ministro no incide en la decisión y no se produce el conflicto de interés, por lo que no es aplicable el artículo 31, que prohíbe a los funcionarios públicos ejercer su función con relación a las actividades o entidades privadas a las que se encuentren vinculados profesional, laboral o familiarmente.

Según confirmó Subrayado, en la JUTEP no hay ninguna denuncia concreta sobre esta situación. De todas formas, la nueva presidenta, Gabriela Di Longo, indicó que el caso puede ser estudiado si así lo resolviera el directorio.