El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, y el presidente de OSE, Pablo Ferreri, recibieron a distintas organizaciones en contra del proyecto Arazatí; la red amigos de la tierra aseguró que es un proyecto que piensa en la cantidad y no en la calidad del agua.
Organizaciones contrarias a Arazatí fueron recibidas por autoridades del gobierno; presentarán recurso de nulidad
"La Constitución dice que el servicio público de agua potable y saneamiento debe ser prestado directa y exclusivamente por personas jurídicas estatales", afirmaron desde redes Amigos de la tierra.
"Ellos siguen manejando que es un mal proyecto, que OSE no debería tomar este proyecto porque no soluciona los problemas, por lo tanto, nosotros en eso reafirmamos que el 14 de mayo vamos a estar presentando un recurso para que el proyecto Neptuno se declare nulo por inconstitucional, ilegal e incondicional, acompañado de una medida cautelar de no innovar en el comienzo y la construcción de obras", dijo María Selva Ortiz, de la organización redes Amigos de la tierra.
"La Constitución dice que el servicio público de agua potable y saneamiento debe ser prestado directa y exclusivamente por personas jurídicas estatales", afirmó.
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En otra reunión en Torre Ejecutiva, el Movimiento Uruguay sustentable señaló que en caso de anular el contrato no generará multas porque hay ilegalidades en el mismo.
"Quisimos dejar claro que el contrato firmado es viciado de nulidad, que la nulidad es la mejor opción y ellos nos plantearon desde el gobierno que están trabajando esa y otras opciones. Nosotros esperamos que se logre esa nulidad del contrato para lograr de esa manera evitar problemas al país a futuro y poder dar borrón y cuenta nueva, que se comience a trabajar seriamente sobre el tema", dijo por su parte Raúl Viña.
"Un contrato nulo no genera ningún derecho para ninguna de las partes. Eso se maneja dentro del código civil", sostuvo. "Esa posibilidad, si no la hace directamente el gobierno, se va a estar presentando ante la justicia civil por parte de las organizaciones", agregó.
En junio de 2024, el juez Alejandro Recarey impuso medida de no innovar tras recurso presentado por organizaciones sociales. En noviembre del mismo año y tras apelación de la empresa bajo el gobierno anterior, un tribunal anuló la medida.
También el Tribunal de lo Contencioso Administrativo rechazó la acción de nulidad presentada.
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