UTU de Colón

Organizaciones condenan actuación judicial en caso de adolescente que denunció abuso

47 organizaciones de derechos humanos condenan la actuación de la Justicia que califican como "inoperante, negligente, re victimizando y vulnerando los derechos humanos de nuestros niños, niñas y adolescentes".

47 organizaciones sociales avocadas a la defensa de los derechos humanos, incluyendo a los jóvenes del PIT-CNT, El Abrojo, MYSU, Cotidiano Mujer y el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo, criticaron severamente la actuación de la justicia en el caso de la estudiante de UTU de Colón, que el viernes 20 de abril denunció ante una docente que era abusada por su padre y por su tío abuelo.

Cuando el centro educativo avisó a la familia, el padre de la joven irrumpió en el lugar y se la llevó a golpes, agrediendo a la adolescente y a la docente.

La UTU hizo la denuncia policial, y durante el fin de semana intentó ubicar al hombre, sin éxito, tiempo durante el cual la joven que denunció abuso permaneció con sus presuntos abusadores. Recién el lunes se dispusieron medidas cautelares que le prohíben acercarse a la chica.

A partir de ese momento la menor quedó a cargo de su madre, que según había declarado antes y según testigos, también la golpeaba.

Es por ello que las organizaciones denuncian que la Justicia actuó de forma negligente.

“No toleramos más que el sistema de justicia que debe proteger y velar por los derechos de la infancia y la adolescencia, actúe de forma inoperante, negligente, re victimizando y vulnerando los derechos humanos de nuestros niños, niñas y adolescentes”, sostiene.

“Las situaciones donde hay castigos físicos severos y abuso sexual son de alto riesgo y requieren inmediata intervención y protección, separando (momentáneamente) a quien violenta del niño, niña y/o adolescente. Aunque la persona agresora haya sido alejada del hogar, si el resto de la familia no protege, no cree y culpabiliza a la víctima, NO ES UN LUGAR DE PROTECCIÓN, ES EL PEOR LUGAR DONDE SE PUEDE DEJAR A UNA PERSONA QUE ESTÁ EN UNA SITUACIÓN DE VIOLENCIA”, agrega.

Además, advierten que “si a un niño, niña o adolescente no le brindamos protección en el momento adecuado, en la situación de crisis, cuando hace el relato, posiblemente se retracte (como en este caso) negando todo lo relatado y pedirá volver con su familia, porque la ambivalencia y la retractación son características e indicadores de esta problemática y porque se trata de una estrategia para sobrevivir”.

Por este motivo, exigen que alguna “institución y/o organismo sea responsable de haber determinado que, durante 4 días, esta adolescente haya permanecido junto a su familia, que no le cree, no la apoya y la violenta. (…) Si una adolescente es sacada de los pelos de un centro educativo, golpeada y arrastrada por su padre, éste queda libre, no va a prisión preventiva. ¿Cómo es posible? ¿En qué país vivimos?”.

“En la audiencia, la adolescente pidió volver a su casa. ¿Qué clase de justicia tenemos que nadie pudo determinar que estamos frente a un discurso bajo presión, bajo apercibimiento y bajo coacción, producto del terror y las violencias que la adolescente habrá soportado durante esos 4 días en su casa? ¿Nadie se va a responsabilizar de todo este desastre? ¿Nuestro sistema de justicia para qué sirve? y ¿a quién protege?”, y termina “En este caso solo sirvió para destrozarle la vida a una gurisa. Solo sirvió para sembrar el terror en otros niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia y abuso sexual. ¿Quién se va a animar a denunciar si te devuelven a tu casa?”.

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