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Oposición coincide con el gobierno en cambiar sistema de jubilaciones; discrepan en el cómo

Tras la alerta planteada por Danilo Astori, Lacalle Pou es proclive a cambiar la edad de retiro solo para personas que se inician en la vida laboral.

Los presidenciables blancos Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga coincideron con el ministro de Economía Danilo Astori respecto a que urge una reforma de la seguridad social.

Sin embargo, el primero pide crear una mesa que reúna al sistema político para pensar e cambios a mediano plazo, en tanto el segundo cree que no se deben tomar medidas aisladas (tasa de reemplazo, recálculo de las pasividades, edad de retiro), sino que todo lo que se decida debe ser fruto de una "reforma integral".

Lacalle Pou, líder del sector Todos, reclama "mayor control de pagos" en el Banco de Previsión Social y plantea "no cambiar las reglas de juego" para aquellos que "ya están en su vida laboral".

A su juicio, la edad de retiro es negociable solamente para aquellos que no la iniciaron.

Además, Lacalle Pou señaló que de realizar cambios en la edad jubilatoria será necesario plantear beneficios a los que acepten seguir en actividad.

A diferencia de Astori, que quiere comenzar pronto con el debate, Lacalle Pou señaló que hay que considerar "una reforma a mediano plazo".

En datos del Partido Nacional, las erogaciones por jubilaciones servidas por el Banco de previsión Social pasó de 52.000 millones de pesos a 100.000 millones en 2017, un aumento real del 110%.

En la nota de Busqueda, el dirigente no abunda en qué tipo de medidas hacen falta para ir hacia un balance de ese déficit cuantioso. Propone sí una comisión multipartidaria para estudiar el tema, en el entendido que una reforma necesitará un amplio abanico de apoyo dentro del sistema político.

Lacalle Pou cree sí que el BPS debe mejorar sus controles en el flujo de dinero que sale de sus arcas.

Dijo que desde 2014 viene solicitando una "certificación de calidad" en todos los procesos del organismo.

No sólo se refiere a las jubilaciones y pensiones, sino también a otras prestaciones como los subsidios por enfermedad, que están bajo un sospechoso descontrol desde hace décacas y que en los últimos años aumentó su presupuesto por el alto ausentismo laboral.

Por su parte, Larrañaga -líder de Alianza Nacional, cree que la demografía uruguaya y los cambios que se producirán en el mundo del trabajo harán que las prestaciones jubilatorias "ejerzan una fortísima presión sobre las finanzias públicas".

Larrañaga apunto que el ministro de economía lanzó oportunamente este tema a la agenda pública de cara a la Rendición de Cuentas "porque no sabe qué hacer para qaue no le gasten más".

"La edad de retiro, la tasa de reemplazo, las formas de cálculo de las pasividades deben ser consecuencia de una reforma integral", advirtió.

Rrecientemente, Astori dijo que como primer medida hay que pensar en extender la edad de retiro que hoy -y desde la ley de 1996- está en los 60 años para hombres y mujeres.

La otra medida fundamental es "afectar los haberes". Las decisiones, en su opinión, deben tomarse en el próximo gobierno, en lo posible durante el primer año de gestión.

Las jubilaciones y salarios del Estado representan un gasto fijo del 80% del presupuesto nacional, lo que no da mucho margen al gobierno para bajar los costos del Estado.

La previsión social es un compromiso inquietante para el Estado uruguayo desde hace décadas.

Búsqueda recuerda este jueves que en 1991 el Instituto de estadística hacía pronósticos muy negativos sobre las perspectivas del sistema de jubilaciones y pensiones: "el sistema avanza progresivamente hacia una situación irresoluble en la promera década del siglo próximo".

En 1996, el segundo gobierno de Julio Sanguinetti logró aprobar la ley de AFAPs que estableció un régimen de ahorro jubilatorio mixto que se mantiene hasta hoy, y que está sujeto al escrutinio público.

El momento del anunciado colapso ya pasó, obviamente, y el Estado sigue financiando las prestaciones del BPS a costa de Rentas Generales.

El déficit del BPS se amplió a US$ 582 millones el año pasado, según el balance aprobado por el directorio a principios de abril.

En febrero este desbalance se ubicó en 3,5% del Producto Interno Bruto, por arriba de las previsiones plasmadas en el presupuesto.

A ello hay que sumarle situacione particulares como la Caja Militar que necesitó 450 millones de dólares de asistencia en 2017. Se estima que para 2020, el déficit a tapar será de 700 millones de dólares.

La solución de las pensiones y jubilaciones en las Fuerzas Armadas tampoco tiene una fácil definición y se encima a soluciones en las que se verán afectados los beneficiarios de las prestaciones.

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