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Marcelo Balcedo inicia juicio contra el Estado uruguayo por 22 millones de dólares

La acción legal es contra la la Justicia y la Fiscalía, y comprende a todos los fiscales que actuaron en la causa y al ex fiscal de Corte, Jorge Díaz.

El sindicalista y empresario argentino, Marcelo Balcedo, inicia un juicio contra el Estado uruguayo por 22 millones de dólares.

La acción legal es contra la Fiscalía y la Justicia, por entender que su actuación afectó la compra de dos aviones, un Learjet 60 y un Gulfstream IV, y además provocó la cancelación de contratos millonarios por el arrendamiento de la aeronaves.

La información fue publicada este martes por el diario “Hoy en la noticia” de La Plata, propiedad de Balcedo, y difundida entre los periodistas uruguayos por la esposa del empresario argentino, Paola Fiege.

Según la publicación, se frustraron contratos por 6 millones de dólares por el alquiler de los aviones para vuelos privados, a lo que se suma que ambas naves tenían la patente americana “November”.

La intervención de la Justicia afectó el leasing de los aviones. Ambos estaban alquilados con opción a compra y tenían un plan de negocios con contratos a largo plazo que lo hacían viable. La publicación habla de retención indebida de las aeronaves, porque sostiene que era un negocio operativo en Estados Unidos y no en Argentina ni en Uruguay.

El juicio por 22 millones de dólares es contra la Fiscalía y comprende a todos los fiscales que actuaron en la causa y contra el ex fiscal de Corte, Jorge Díaz. En el artículo se afirma que Díaz “tenía una inquina personal manifiesta contra el empresario argentino, a la que se suma una inquina política”.

Balcedo deslinda responsabilidad de la actual administración de Lacalle Pou. “Lamentablemente este juicio llega por la impericia y la malicia manifiesta de todos los fiscales actuantes en la causa y, reitero, por la inquina del jefe de fiscales Jorge Díaz, pertenecientes todos al Frente Amplio uruguayo”, afirmó.

Indicó que es el primero de una serie de juicios no solo contra el Estado, sino contra privados uruguayos. Además, apuntará a organizaciones, estructuras gubernamentales y privados de Argentina.

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