CASO SOLEDAD BARRERA

Lustemberg aseguró que decisión de reducir sanción de la anestesista se ajustó a derecho y habló de "desidia al investigar"

La sanción administrativa es reevaluada por la Unidad Académica de Anestesiología de la Universidad de la República y puede ser modificada en esa instancia.

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, concurrió este martes a la comisión del Senado, donde también comparecieron diputados, para responder sobre la resolución de reducir la sanción de 5 a 3 años de inhabilitación de la anestesista condenada por homicidio culposo, en el caso de la muerte de la pediatra Soledad Barrera.

Las explicaciones dadas por Lustemberg, de acuerdo al documento al que accedió Subrayado, alega casos similares, en los que se sancionó a médicos por muertes de pacientes.

"El plazo dispuesto, no se aparta de los estándares que tradicionalmente aplicó el Ministerio en otras situaciones y que el Tribunal consideró adecuados y por tanto de ninguna manera puede considerarse contrario a una regla de derecho", señaló.

La jerarca aseguró que "no hubo en este caso, ningún tipo de apartamiento de las normas y mucho menos, una intención de favorecer en algún sentido a la doctora Inés Miralles". Recordó que ahora el caso está en reevaluación por parte de la Universidad de la República, en la Unidad Académica de Anestesiología, y que puede variar la sanción.

Se refirió, también, a la resolución a nivel judicial, que le otorgó dos años a la doctora investigada, y a fallas en la investigación que se dio a nivel administrativo. Cuestionó que el prestador de salud donde ocurrió la operación negligente no informó respecto a lo sucedido hasta que hubo solicitud por parte del Ministerio de Salud Pública.

"No puede ser que los prestadores no comiencen de manera inmediata una investigación interna cuando ocurre un evento de estas características y sea recién ante los requerimientos de este Ministerio que se comience a recabar los elementos probatorios y a informar respecto a lo sucedido", indica el documento.

También cuestionó la falta de regulación jurídica que tiene la Comisión de Salud Pública que aborda estos casos.

"Estamos trabajando para robustecer el trabajo de la Comisión y darle mayores herramientas para su labor", dijo. Sobre su decisión, aseguró que "no hubo por tanto, ningún tipo cuestionamiento respecto a la competencia e idoneidad de los integrantes de la Comisión a la hora de evaluar lo ocurrido y las consideraciones que motivaron la inhabilitación".

En tal sentido, explicó que la comisión incluyó en su resolución cuatro apartamientos de las normas por parte de la anestesista, relacionados a procedimientos con la intubación, el retiro del block quirúrgico sin aviso ni dejar a nadie a cargo de la anestesia, el no traslado inmediato a CTI y la omisión de registro de los controles hasta cinco días después de la operación. Lo que no se incluyó fueron las "incongruencias en los registros de fármacos controlados y los rumores no confirmados de consumo de estupefacientes" por entender que faltaban pruebas objetivas al respecto.

La ministra Cristina Lustemberg manifestó "una gran decepción, en cuanto a la falla de los procedimientos, la omisión de control de quienes lo tienen que realizar, la desidia en investigar y sobre todo, la posibilidad de prevenir eventos como estos, cuando existían indicios que podía llegar a suceder", señala el texto tras los argumentos brindados.

"¿Quién puede dudar que un tema como este, no me genere empatía?, cuando tiene la particularidad además, de tratarse del fallecimiento de una colega pediatra, de vocación, como lo soy yo, que con tanto esfuerzo estudió, se formó con la ilusión de poder ayudar a los más vulnerables, como son nuestros niños", agrega la jerarca.

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