La Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la Violencia contra la Mujer, Dubravka Simonovic, envió en las últimas horas una carta al gobierno de España por la situación que vive María y su hija en Barcelona.
La ONU interviene en el "caso María" y envía una carta al gobierno de España
La Relatora de Naciones Unidas sobre la Violencia contra la Mujer hizo lugar a la queja que presentaron organizaciones sociales de Uruguay.
La intervención de la Relatora de Naciones Unidas respondió a una queja formal presentada el lunes 7 ante su oficina por la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual y la Intersocial Feminista.
Allí se solicitaba la intervención “urgente” de la Relatora ante lo que se considera “riesgo de vida de la niña de 7 años” y “riesgo de grave afectación en su salud mental e integridad física al ser sometida a una quita forzada (método de arrancamiento) lo cual constituye un trato cruel inhumano y degradante”, según dice el documento enviado la oficina de la Violence Against Women de la ONU.
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Este miércoles las organizaciones sociales que presentaron la queja recibieron la confirmación de que Simonovic había enviado una carta al gobierno de España. Así consta en el mail que recibió la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual y la Intersocial Feminista, y al que tuvo acceso Subrayado.
Por protocolo, el contenido de la carta recién se hará público dentro de 60 días.
Andrea Tuana, integrante de la Intersocial Feminista, destacó en diálogo con Subrayado la celeridad con que actuó la Relatora de la ONU para intervenir en el “caso María”, “lo que da cuenta de la gravedad de la situación”.
“Se trata de un caso de violencia de género comprobado en Uruguay. El país la restituye a España con medidas cautelares y España las desactiva en menos de dos meses de arribadas la madre y la niña. Para tomar esta medida, que contraviene lo acordado con Uruguay, realizan una sola pericia basada en una seudo teoría (síndrome de alienación parental) que su uso está prohibido en España porque no tiene bases científicas”, dice el escrito presentado ante la oficina de Simonovic.
La entrega de la niña al padre, contra la voluntad de la pequeña, “es violatorio de los derechos humanos de la niña por sus efectos traumáticos”.
“El Estado español pone en riesgo psíquico y riesgo de vida a la niña de 7 años al entregar la tenencia a su padre violento y presunto abusador sexual. La niña teme a su padre y rechaza todo contacto con él”, destaca la queja enviada.
“De ser entregada a su padre corre riesgo grave de impactacion en su salud mental, posibilidad que su padre la secuestre e incluso riesgo de vida, ya que es un hombre violento (confirmado por la justicia uruguaya), dispuesto a utilizar cualquier método para logra su objetivo”, agrega el escrito.
La Justicia en Barcelona desestimó y archivó la denuncia de abuso sexual contra el padre de la niña, no haciendo lugar a las pericias presentadas por organismos y peritos de Uruguay.
Archivada esa denuncia, el padre inició y ganó un juicio por la tenencia de su hija.
La jueza del caso había dispuesto que el viernes 4 la niña debía ser entregada a su padre en el Consulado uruguayo de Barcelona.
La Cancillería uruguaya se negó a cumplir esa sentencia porque no le corresponde a una sede diplomática tal extremo.
La jueza entonces dispuso que el miércoles 9 la niña fuera llevada a un punto de encuentro por la madre, donde sería entregada al padre.
Esto no se llevó a cabo porque la magistrada dispuso finalmente que la niña sea detenida por la policía de Barcelona ni bien salga del consulado, para luego entregarla a su padre.
Ante esta situación, María y su hija permanecen en el Consulado (desde el viernes 4). El canciller Rodolfo Nin Novoa aseguró que no serán expulsadas del Consulado y reclamó una solución que tenga en cuenta el bienestar de la niña y que respete sus derechos.
El INAU entregó a la Dirección de Asuntos Consulares de la Cancillería los informes técnicos sobre el caso, para hacerlos llegar de manera oficial a la Justicia española.
ANGUSTIA
Ana Inés, hermana de María, relató que la mujer y su hija están viviendo horas de angustia en el consulado de Uruguay en Barcelona. Señaló que la niña pide que la escuchen, porque no quiere ir con su padre.
El embajador de España en Uruguay, José Javier Gómez-Llera, subrayó que el caso María es un asunto “judicial” en el que no pueden intervenir los gobiernos.
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