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Investigan suministro de psicofármacos en alimentos de internos recluidos en centro de INISA

La denuncia surgió de una circunstancia fortuita: el director del instituto tomó al paso un vaso de jugo y terminó hospitalizado.

El Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) investiga la administración de psicofármacos en el jugos que se suministra a los internos, a partir de un hecho accidental: el director del centro de reclusión para menores se intoxicó al tomar un vaso el jueves último.

El jerarca se sintió indispuesto y debió ser trasladado a un sanatorio. Al ser internado, el hombre presentaba tendencia al sueño, disartria (dificultad para hablar) e hipotonía (disminución de la tensión muscular).

Se detectó que la sustancia incluida en el jugo era una benzodiazepina.

La denuncia fue publicada en La Diaria este fin de semana y confirmada por Gabriela Fulco, presidenta del INISA.

El hecho ocurrió en el Centro de Máxima Contención (CMC), que funciona en Cufré y Bulevar Artigas.

Allí están recluidos nueve adolescentes de entre 15 y 18 años.

Una fuente explicó a La Diaria que es una práctica habitual poner drogas psicoactivas en las bebidas o alimentos para que los internos "no molesten". Obviamente, se hace sin el consentimiento de los detenidos.

Se trata de "una acción delictiva grave que se está investigando y se llegará a él o los responsables”, aseguró Fulco.

La funcionaria señaló que si hubiera indicación médica para suministrar psicofármacos, los mismos son manejados por personal de enfermería y se prescriben en forma individual.

INAU JUGO

EL ANTECEDENTE DE LA RITALINA

Juan Ceretta, abogado que integra el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Udelar, señalo que, de ser cierto, se estaría ante una grave vulneración de los derechos de los menores recluidos.

El experto recordó que ya hay un precedente en el que se debió presentar un recurso de amparo por el uso abusivo de ritalina en los menores privados de libertad.

Ceretta señaló que tiempo atrás la Institución Nacional de Derechos Humanos recomendó el cierre del establecimiento CMC y el traslado de los internos a otro sitio.

El pedido se rechazó argumentó la imposibilidad, por razones presupuestarias.

Ceretta señala que ese argumento es el mismo que se emplea para rechazar el realojo de reclusos del Módulo 8 el Comcar.

En ese sentido, recordó que los presos "están privados de su derecho a la libertad ambulatoria", pero "no de todos sus derechos".

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