La Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) presentó advierte por situaciones de vulnerabilidad de menores de edad vinculado a exposición a redes de explotación sexual y narcotráfico, con respuestas insuficientes por parte de la institucionalidad. Los datos surgen de un informe realizado en base al monitoreo del Mecanismo Nacional de Prevención respecto a la situación de los centros de protección de 24 horas de niños, niñas y adolescentes en INAU de región norte, en 2024.
Hay niños y adolescentes de centros de INAU de región norte "vinculados a redes de microtráfico", según Inddhh
Situaciones de consumo se ven "agravadas en muchos casos por la vinculación a redes de microtráfico", señala el documento.
“Preocupa al MNP que la mitad de los centros relevados de la región tenían niñas, niños y adolescentes vinculados a redes de microtráfico. Se observó que el abordaje inoportuno y la falta de recursos configuraban nuevas situaciones de vulneración, y principalmente riesgo a la integridad física, mental y el acceso a una vida digna”, afirma el comunicado.
“En cinco de los centros relevados se constataron situaciones de consumo problemático de sustancias, agravadas en muchos casos por la vinculación a redes de microtráfico. Asimismo, en dos de esos cinco centros, la relación con dichas redes también estaba asociada a situaciones de explotación sexual y abuso. Pese a que un 50% de los centros relevados de la región, las niñas, niños y adolescentes estaban expuestos a situaciones de consumo y también vinculación y exposición a redes de microtráfico, no se constataron abordajes oportunos y garantistas.”, señala Inddhh. El abordaje presenta mayor dificultad en los centros de ciudades linderas con Brasil, con salidas no acordadas en las que los menores estaban tanto en territorio uruguayo como del vecino país.
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El monitoreo se hizo en 10 de 13 centros de los departamentos de Artigas, Cerro Largo, Rivera y Tacuarembó.
“La exposición a situaciones de presunta explotación sexual, así como también el vínculo con redes de microtráfico por parte de adolescentes del sistema de protección especial, sucedieron durante salidas no acordadas frecuentes de los establecimientos de protección. Los riesgos propios de tales salidas no fueron atendidos con la debida diligencia por parte de los diversos organismos públicos responsables, ni se dio una valoración de riesgos acorde a cada situación”, sostiene el informe.
En otros puntos, también denuncian “cupo excedido en la mitad de los centros” y que en uno de los casos indicaron “desborde total”.
“Respecto a las condiciones materiales, se verificó que en el 60% de los centros monitoreados (6 centros), había déficits en la infraestructura, equipamiento y mobiliario, que no permitían brindar entornos seguros para las niñas, niños y adolescentes”, indica el informe. El monitoreo también verificó hacinamiento en los dormitorios de cinco centros, situaciones de violencia entre pares y problema en el acceso a la salud mental, así como déficit en el tratamiento adecuado a las adicciones.
Otro informe, habla específicamente del monitoreo Centro adolescente femenino de Rivera, donde el año pasado ocurrió un caso de la muerte materna de una adolescente en contexto de explotación sexual infantil, y el embarazo de una niña de 12 años, en un contexto similar y vinculado a consumo
“En el monitoreo, se constató que las niñas y adolescentes que residían en el centro adolescente femenino de Rivera se encontraban en riesgo real e inminente, expuestas a situaciones de violencia sexual grave, explotación sexual, consumo problemático y embarazo infantil. Dichas situaciones de riesgo eran conocidas y analizadas por los diferentes agentes del Estado que integran el sistema de protección a las infancias y adolescencias”, sostiene el documento.
“Esto se profundiza en el caso del centro adolescente femenino de Rivera, ya que un porcentaje importante de las niñas y adolescentes ingresan allí por presuntas situaciones de explotación sexual”, agrega.
Además, denuncia que desde el Estado no se garantiza una respuesta acertada desde la interinstitucionalidad, aún conociendo antecedentes y riesgos.
“En el monitoreo, se verificó que el Estado no generó acciones coordinadas de prevención tendientes a evitar el riesgo al que estaban expuestas las niñas y adolescentes. Incluso en algunas situaciones, la desprotección de los agentes del Estado las exponía y revictimizaba”, indica.
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