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Fondo de inversión panameño inicia demanda al Estado por cierre de Pluna

La empresa Caballero Verde compró la exLeadgate que a su vez estaba a cargo de la aerolínea uruguaya en el momento del cierre.

Un fondo de inversión con sede en Panamá inicia una demanda al Estado uruguayo.

El vocero de la compañía Bryan Maddox confirmó la existencia del litigio pero no abundó en detalles.

Para la demanda la empresa se ampara en el tratado de protección de inversiones vigente entre Uruguay y Panamá.

La empresa se llama Caballero Verde y compró acciones remanentes de Pluna, que quebró en 2012. Ahora se presentará a un arbitraje tratando de demostrar la responsabilidad del Estado uruguayo en el cierre de Pluna, según la investigación del periodista Javier Bonilla publicada en la revista especializada Airline.

El fondo de inversión panameño envió la semana pasada una carta al gobierno uruguayo en el que argumenta que Pluna fue expropiada en presunta violación del derecho internacional, informó Axios, un portal especializado.

Consultado por el El Observador, el prosecretario de Presidencia Juan Andrés Roballo dijo que oficialmente no hay ninguna notificación de la gestión.

¿Cuál es la relación de Caballero Verde y la exaerolínea de bandera uruguaya?

El fondo de inversión panameño compró Latin American Regional Holding Corp (Larah) del que firmaba formaba parte Leadgate.

En 2007, Leadgate ingresó a Pluna con la idea de cambiar el modelo de negocio.

Los dueños de Larah eran entonces la canadiense Chorus Aviation (Jazz Airlines), otros inversores, y tres ejecutivos que fueron la cara visible de la desaparecida Leadgate: matias Campiani, Arturo Álvarez Demalde y Sebastián Hirsch.

Ahora Caballero Verde es propietaria de todo ello y por lo tanto reclamará por Pluna.

Primero presentará una queja legal y si no hay una resolución en un plazo de 6 meses, el fondo panameño puede solicitar un arbitraje internacional.

En esta demanda figura como socio un experto en presentar estas demandas: Tenor Opportunity Associates.

EL ESTADO ENFRENTA VARIOS JUICIOS

Ancap deberá pagar 7.1 millones de dólares a la multinacional de intermediación financiera Exor por incumplimiento de contrato.

La justicia de lo contencioso administrativo lo resolvió tras analizar la declaración de ambas partes y el contrato suscrito en 2014.

Dos operaciones de cancelación de deuda con Petróleos de Venezuela (PDVSA) fue el disparador del conflicto.

La primera fue por 700 millones en el año 2012 y la segunda por 321 millones en 2014.

Según el fallo, en el primer negocio Exor quedó afuera, en tanto en el segundo se firmó un acuerdo de servicios con Ancap que incluía una multa por incumplimiento.

Esta multa era equivalente al 1.75% de la deuda a cancelar.

Además de esta demanda, el Estado uruguayo afronta otros juicios de gran porte.

En la víspera se divulgó el que le inició Hyundai de Corea a UTE por incumplimiento de contrato. La multinacional entiende que la alta conflictividad gremial conspiró con los altos costos de la central de ciclo combinado que construyó en Delta del Tigre.

La demanda es por 332 millones.

También la firma minera Aratirí inició un juicio por 3.536 millones al considerarse lesionada por un cambio de reglas de juego establecidas por la nueva Ley de Minería aprobada con posterioridad de la firma del contrato entre ambas partes.

Zamin Ferrous, la empresa india casa matriz de Aratirí, formalizó el 3 de julio una demanda internacional ante la comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil.

La tercera demanda importa corresponde a la firma neoyorquina Italba Corporation presentada en noviembre de 2017 en un conflicto por la concesión de un servicio de banda ancha.

El contrato con la subsidiaria Trigosul había sido firmado en el año 2000.

Esta empresa se presentó ante el Centro Internacional de Arreglo de las Diferencias Relativas a las Inversiones (Ciadi).

Ursec determinó que existían irregularidades en el funcionamiento de la empresa y se le revocó los permisos.

Según el grupo empresarial, esta decisión contravino el Tratado de Protección de Inversiones entre Uruguay y Estados Unidos.

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