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"Estoy seguro que no llegaremos a ser" como El Salvador y Guatemala, afirmó Tabaré Vázquez

El presidente matizó las declaraciones del director nacional de Policía. El Ministerio del Interior había hecho suyo el polémico diagnóstico. Anunció que habrá nuevas medidas contra el delito

Abogados penalistas presentan recursos de inconstitucionalidad contra el nuevo Código del proceso Penal y logran así retrasar la definición de los juicios, informa El Observador.

Como la Suprema Corte aún no ha definido si el CPP es constitucional o no, los investigados van quedando libres.

Búsqueda apunta en la edición de este jueves que uno de los casos que generó preocupación en la Suprema Corte es la liberación de un conocido narcotraficante de San Carlos -apodado "El Buñuelo"- por la presentación de un recurso de inconstitucionalidad.

Para capturarlo se realizaron siete allanamientos y se incautaron autos, una moto de alta cilindrada, drogas, armas de fuego y dinero.

A este caso se suma el de otro presunto homicida en Paysandú que fue liberado utilizando la misma herramienta.

REALMENTE FLAGRANTE

Los ministros de la Corte están preocupados por la decisión de los jueces de cesar los arrestos hasta que se resuelva oficialmente el planteo de inconstitucionalidad.

El primer abogado que usó el recurso es Juan José Ayala, acusado de de amenazas de muerte contra el fiscal nacional Jorge Díaz.

El País agrega declaraciones de Brenda Puppo, presidenta de la Asociación de Magistrados Fiscales, quien dijo que el sistema procesal penal nuevo es "complejo" y "hay mucha cosa para cambiar".

Puppo, que trabaja como fiscal de Flagrancia, aseguró: "tengo 860 casos para investigar". Tiene apenas dos personas que la auxilian con sus expedientes.

Los nuevos cargos a nivel del organismo, dijo la funcionaria, dependen de la resolución de la Rendición de Cuentas que comienza a tratarse en las próximas semanas.

Puppo reconoció que incluso el sistema informático colapsó por las nuevas exigencias. "está mejor pero tiene sus problemas. Siempre pasa algo, siempre tiene alguna dificultad"

Fiscales como Gustavo Zubía y Enrique Viana renunciaron a sus cargos protestando contra la filosofía del CPP, pero también por la desorganización y falta de personal asociadas a las nuevas atribuciones del cargo.

Zubía dijo que los fiscales tratan de "evitar los juicios orales largos" y apuntan al juicio abreviado, es decir a negociar con los defensores del delincuente una vía rápida.

Este jueves se conoció el caso de un detenido por rapiña agravada a un supermercado en Nuevo París que fue liberado tras un juicio abreviado en el que el fiscal acusó a la Policía de hacer un allanamiento sin orden judicial

El fiscal de Flagrancia negoció con el defensor público y llegó a un acuerdo. En lugar de 4 años y medio de prisión efectiva se consensuó libertad bajo vigilancia de la Oficina de Seguimiento de Libertad Asistida (OAS).

FRICCIÓN INSTITUCIONAL

Este desajuste del nuevo escenario judicial es un factor que ha generado fricciones entre el Ministerio del Interior y la Fiscalía de Corte, principal impulsor de la reforma que está vigente desde el 1° de marzo.

El presidente Tabaré Vázquez dijo este jueves al semanario Búsqueda que se está trabajando en mejorar la coordinación entre el sistema de justicia y la Policía, al tiempo que anuncia "novedades" en el breve plazo.

Esta coordinación excederá a ambas instituciones, según Búsqueda, e incluirá intercambio con el Banco de Previsión Social, el Ministerio de Desarrollo Social y la Administración Nacional de Educación Pública.

En los últimos días impactó fuerte en el sistema político las declaraciones del director nacional de Policía, Mario Layera, quien aseguró que instituciones como el Mides retacea información relevante para el trabajo investigativo.

Layera también señaló que la alta fragmentación social existente en Uruguay hace prever un escenario de mayor violencia, y proyectó para los próximos años problemas con el crimen organizado similares a los que tienen países de Centroamérica.

El funcionario vaticinó un tiempo en que los ricos tendrán su propia seguridad y el resto de la sociedad deberá vivir con un Estado ausente en materia policial.

Layera expuso la realidad creciente en los barrios del Oeste montevideano, en los que las bandas expulsan de sus casas a vecinos que no participan de sus actividades a través de la fuerza y la extorsión.

El caso de El Salvador, por ejemplo, se ha vuelto notorio por la acción de organizaciones criminales como la Mara Salvatrucha y sus rivales que controlan gran parte del territorio.

Sectores del Frente Amplio como Casa Grande pidieron la renuncia de Layera,. La oposición, al tiempo que reafirmaba el diagnóstico, anunció que llamará a la máxima jerarquía policial al Parlamento para que explique sus dichos, en principio desalineados con lo que ha sido el discurso del gobierno y la "Nueva Policía".

Ante esta situación, el subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, hermano del primer mandatario, negó que Layera vaya a ser removido de su cargo, y opinó que "no dijo nada que nosotros no hayamos dicho antes".

Tratando de ponerle paños fríos a los dichos de Layera, el presidente Tabaré Vázquez tomó la palabra este jueves en Búsqueda.

Vázquez dijo estar "seguro de que no llegaremos" a ser como Guatemala y El Salvador, los ejemplos puestos por el director nacional de Policía.

"Confío en las reservas morales, éticos, la seriedad y la responsabilidad del pueblo uruguayo y de sus instituciones", agregó.

El primer mandatario dijo no estar de acuerdo con Layera en otros temas, por ejemplo su aformación de que las autoriadades no se animan a tomar decisiones claves como derivar las viviendas en Casavalle para terminar con el narcotráfico.

En países nórdicos se han derribado barrios enteros para desarmar las peleas por territorio de las bandas criminales. En su lugar se han instalado nuevas urbanizaciones y centros de entretenimiento y apoyo social.

Sin embargo, Vázquez piensa que no es necesario decisiones tan drásticos.

"Hemos demostrado en la práctica que no tenemos ese sentimiento. Se hará lo que el sentido común indique que tengamos que hacer".

Una de las "novedades" que anuncia Vázquez seguramente está relacionada con el proyecto de ley que el Ministerio del Interior remitió al Ejecutivo que ajusta algunos problemas del CPP. Pide más casos de prisión preventiva y quitar beneficios a abusadores sexuales y delincuentes reincidentes.

En la entrevista con El Observador, Layera se quejó del caos en la Fiscalía Nacional.

En las últimas semanas tomó estado público que hay un solo fiscal para delitos violentos como los homicidios.

Juan Gómez es el único funcionario que entiende en estos casos en Montevideo. en un momento pico de asesinatos. Se cree que tiene en carpeta más de un centenar de crímenes.

El hecho de que muchos sean ajustes de cuenta entre bandas, en las que intervienen sicarios, hace difícil obtener una resolución clara.

La perspectiva no es buena dados los 283 homicidios que se registraron en Uruguay en 2017 y que al parecer vienen en aumento en 2018.

La reacción del fiscal nacional Jorge Díaz ante los dichos de Layera, no mejoraron el ambiente.

Díaz adelantó que usará las potestades del CPP para que los fiscales supervisen aún más el accionar policial.

Este intercambio obligó a realiza una reunión a principios de esta semana entre Jorge Vázquez y el titular del ministerio público.

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