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Estatales denuncian una "cláusula de paz" del gobierno para afectar derecho de huelga

La negociación salarial colectiva lleva casi tres meses y ahora se encuentra trancada por este punto.

El gobierno intenta introducir una cláusula que afecta el derecho de huelga en la negociación colectiva con estatales, un hecho que ha trancado las conversaciones salariales, informa El País.

El convenio venció en diciembre y aún no se ha encontrado la base de un nuevo acuerdo. Unos 26.000 funcionarios de entes y empresas públicas están involucrados.

En ese sentido, la "cláusula de paz" es el punto álgido. La misma establece mecanismos de prevención de conflictos.

El Poder Ejecutivo se reserva el derecho de rescindir unilateralmente el convenio en caso que un sindicato adopte medidas gremiales que afecten sectores o actividades específicas que sean consideradas estratégicas para el Estado.

La mesa Coordinadora de Entes entiende que el gobierno quiere marcar la cancha.

"No admitimos que los patrones nos digan cómo parar", sostuvo Marcelo Pouso, directivo de la Unión Ferroviaria.

"Las medidas de lucha no las puede definir el gobierno", agregó.

El director nacional de Trabajo, Marcelo Mesa, comentó a El País que ya ha habido acuerdos con privados que han establecido estos mecanismos.

De hecho es un tema de preocupación del Poder Ejecutivo en el caso UPM.

La empresa finlandesa viene condicionando la firma del acuerdo de inversión por este tema.

Desde la visita de Vázquez a Helsinki en 2016 insisten en que no están dispuestos a aceptar las ocupaciones de lugares de trabajo, y exigen por escrito un acuerdo con los distintos gremios que trabajarán con la empresa. Esa normativa debe generar mecanismos de prevención.

El presidente del PIT-CNT Fernando Pereira dijo que si el gobierno se comprometió a ello con UPM es por cuenta propia.

Pereira fue el principal referente sindical en esa delegación oficial en la que había gobernantes y empresarios.

El tema de las ocupaciones y las huelgas es también una preocupación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuyos comités de análisis recomiendan a Uruguay adoptar medidas para evitar medidas extremas.

Estas presiones han llegado hasta el Ministerio de Trabajo. Según OIT hay una "lista negra" de países que no cuentan con este tipo de mecanismos de resolución de conflictos.

El organismo internacional también avanza sobre otras conquistas de los trabajadores como la negociación tripartita.

OIT sugiere que el Estado se retire de las negociaciones. El ministro Ernesto Murro dijo que en ese sentido, al menos en este gobierno, no habrá un paso atrás.

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