En vivo: interpelación a la ministra Sandra Lazo por el anuncio de rescisión del contrato con Cardama

La interpelación en vivo:

Javier García

García comenzó la interpelación diciendo que la discusión de este miércoles tiene como centro “la seguridad” del país. “Vamos a decidir sobre la mayor amenaza a la libertad y la democracia de los uruguayos, que es el narcotráfico”, dijo el senador interpelante, sobre la necesidad de tener patrulleras oceánicas para vigilar el mar territorial uruguayo.

“Hoy la Armada Nacional no tiene la capacidad de proteger nuestros mares. Imposible”, agregó García.

El exministro acusó al gobierno de Orsi de haber “desmantelado a la Armada Nacional”. “Y lo han hecho por las decisiones políticas que han tomado”.

“Dicen que todos estamos de acuerdo con comprar las OPV (patrulleras oceánicas), pero no las compraron. Si si, 15 años en el gobierno y no las compraron. Y no fue por falta de recursos porque la economía voló. Estuvieron 15 años haciendo turismo de astilleros”, dijo García.

Luego García hizo un racconto de todas las opciones que tuvieron durante años los distintos gobiernos del Frente Amplio para contratar un astillero y construir las patrulleras oceánicas. En el 2014, dijo el senador, incluso se eligió un astillero para llevar adelante el contrato, pero no se concretó y "siguieron visitando astilleros durante años".

"Los lobbies económicos, empresariales, y los intereses geopolíticos fueron más fuertes que el gobierno de Uruguay. Hicieron que la plata y los intereses geopolíticos pesaran más. ¿Por qué no se compraron durante 15 años?", dijo García, y recordó que "hace 11 años", en el 2014, el Senado aprobó la moción para que el gobierno comprar las patrulleras oceánicas.

"La plata y las empresas pudieron más que el gobierno. Los intereses empresariales le doblaron la mano", dijo García. "Fueron presos y débiles ante los intereses económicos que le torcieron la mano", apuntó.

"Cuando nosotros empezamos a avanzar empezó el boicot sistemático para que no prosperara. Empezó en febrero mismo, dos meses después de que se firmó el contrato. En ese momento la senadora Lazo decía que la empresa elegida no tenía experiencia. El astillero (Cardama) tiene 110 años", dijo Cardama.

"Y ya en setiembre de 2024 Lazo anunciaba que el Frente Amplio iba a anular el contrato. El plan estaba maquiavélica pensado. Iban a cancelar cualquier contrato, bueno, cualquiera no, el del astillero chino no, que valía el doble, ese no", dijo García.

El senador aseguró además que en la transición, entre Lazo y el ministro de entonces Armando Castaingdebat, "no preguntaron nada sobre las OPV, nada, cero". "No lo tenían en agenda porque ya tenían decidido que lo iban a anular", apuntó.

Ya sobre lo actuado en este gobierno, desde marzo de 2025, García dijo que la ministra Lazo cambió a las personas que en representación de la Armada iban a controlar la construcción de las patrulleras.

"Fueron expresamente sacados del proceso de análisis los oficiales designados", dijo García, y la ministra "nombró a representantes políticos" que "hicieron tareas de investigación, de inteligencia, para investigar al astillero" Cardama.

"Fueron a hacer tareas de inteligencia sobre una empresa, en un Estado europeo. Es gravísimo", dijo García, e insistió en que los enviados del Ministerio a Cardama "fueron a hacer un informe a medida", con el objetivo de "boicotear" la compra.

"También se boicotearon y se buscó que no se pudiera perfeccionar el contrato", agregó. "Hubo fuerte presiones políticas para que no se constituyera la garantía" para Cardama, dijo García, y leyó un correo electrónico del 3 de setiembre de 2024, en el que el titular de Cardama dice que "Abitab rechazó la garantía por fuertes presiones políticas".

A Fiscalía

Al cerrar su primera intervención, García pidió que la versión taquigráfica de la interpelación sea enviada a Fiscalía para que se incorpore a la denuncia que hizo el gobierno de Orsi por Cardama. "Para que se conozcan todas las irregularidades" que hubo en la actual gestión del Ministerio de Defensa, agregó.

"Hubo un plan deliberado para romper el contrato de las OPV, huno intereses económicos y empresariales de astilleros y geopolíticos que se impusieron, y en esta oportunidad se impusieron antes y se impusieron también ahora, son los que están atrás de esto y son para los que operan algunos acá en el aire. La excusa es la garantía pero mientras tanto el gobierno actual, conociendo hace más de un año el contrato pagó 20 de los 30 millones de dólares. Se excusan en los 4 millones de la garantía pero pagaron 30. Es raro", dijo García.

"Los narcotraficantes y la pesca ilegal están esperando la rescisión, están escuchando esto y están aplaudiendo porque son los que se benefician con que Uruguay pase 20 años más sin patrulleras oceánicas. Digan lo que digan, que las quieren pero ni las comprar y cuando están comprados y construyéndose dejan sin efecto el contrato importándoles un bledo la seguridad del país", agregó.

Y cerró: "Para llevar adelante este plan se cometieron ilegalidades, pesquisas extrajudiciales y actividades de inteligencia en España con conocimiento del Ministerio de Defensa y con claro desvío del poder".

Rasputín

“En todo gobierno sin liderazgo se cuela un Rasputín. Acá se les coló un Rasputín”, dijo García en referencia al prosecretario Jorge Díaz.

“Para realizar este plan se llevaron adelante pesquisas ilegales y tareas de inteligencia en España. No permitan, senadores del gobierno, que los gobierne Rasputín, cuiden al presidente”, apuntó García.

Ministra Sandra Lazo

La ministra Lazo dijo en el inicios de su intervención que fue “vergonzosa la garantía aceptada por el gobierno anterior”, y calificó de “lo más razonable” la acción del gobierno de hacer la denuncia penal en Fiscalía.

“Es impertinente, dicho con respeto, acusar al gobierno de no querer dotar a la Armada Nacional de sus herramientas para el imperioso control del mar territorial”, apuntó la ministra, y negó “un enfrentamiento ente el mando superior y las Fuerzas Armadas”.

Sobre el fondo del tema, la garantía que presentó Cardama, Lazo dijo que fue “un fraude inaudito” y señaló “omisiones inexcusables de la administración anterior”.

Lazo repasó cronológicamente el proceso de aceptación de la garantía que presentó Cardama, dijo que fue “fuera de plazos” y que el gobierno de Lacalle Pou “terminó aceptando una malísima garantía de fiel cumplimiento, otorgada por la ignota Eurocommerce”.

“Es muy difícil hacer las cosas peor”, dijo Lazo, y agregó que fue “un pésimo contrato”.

“Pero lo peor estaba por llegar. A la tolerancia con la empresa sin justificación, se acepta una garantía que era rechazable por claras inconsistencias, y que para colmo era falsa”.

La ministra repasó también el proceso que debía seguir Cardama para la renovación de la garantía que vencía el 22 de octubre de 2025, y que “debía acreditar antes del 22 de setiembre de 2025”.

Ante esto el gobierno decidió ejecutar la garantía y procedió a iniciar el trámite en Londres: “En apenas 48 horas se comprobó que el domicilio (en Londres) no se correspondía a la oficina de Eurocommerce”.

Lazo dijo que entonces se detectaron “factores de riesgo por posible fraude”, y recordó que el director de Eurocommer “es un ruso con domicilio en Rusia”, que en su empresa tuvo “un solo empleado en 2022 y ninguno en 2023”.

“No muestra actividad comercial. Datos falsos de dirección. Imagen web falsa”, agregó.

“No huno mínimos controles a la empresa”, dijo Lazo, y agregó: “Ante los claros indicios de estar ante una estafa se dispuso por parte del gobierno seguir indagando y se encargó un estudio sobre las actas notariales que acompañaron la garantía de Eurocommerce. El informe es demoledor contra la conveniencia de aceptar esta garantía. Pero lo más grave para el notario informante, que ha sido tajante en cuanto a la falsedad de los documentos, fácil de detectar, que debió ser detectada por los funcionarios actuantes”.

Hubo “copias falsificadas que no fueron hechas por ningún notario”, dijo la ministra, y agregó: “El falsificador fue notoriamente torpe y presentó ante el Estado uruguayo algo que nadie advirtió”.

“Cuando uno lee el informe no puede menos que indignarse y sentir vergüenza por la pobre imagen que da el país”, concluyó.

El caso Cardama

El contrato con Cardama es por 90 millones de dólares, y se firmó cuando el ministro de Defensa era Javier García.

El gobierno de Orsi sostiene que la garantía de fiel cumplimiento del contrato presentada por Cardama y aceptada por el gobierno de Lacalle Pou a fines de 2024 es falsa, presentada por un banco europeo inexistente.

Orsi aseguró que esto evidencia un intento de “estafa o fraude”, y resolvió denunciar ante la Justicia uruguaya la situación.

La denuncia la presentaron en persona el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez y el prosecretario Jorge Díaz (ex Fiscal de Corte).

Días atrás el gobierno presentó una ampliación de la denuncia con base en la supuesta falsificación de la firma de un notario español que aparece en los documentos de la garantía.

La oposición, en particular el Partido Nacional, sostiene que no corresponde la rescisión del contrato con Cardama y que, en todo caso, negocie con la empresa española una nueva garantía que conforme a las partes.

García asegura que si el gobierno rescinde el contrato dejará a Uruguay sin protección en el mar territorial contra la pesca ilegal y el narcotráfico.

El presidente Orsi ha dicho que las patrulleras oceánicas hay que construirlas “sí o sí”, y que por estos días se evalúa con quién hacer estos buques de guerra, si se continúa con Cardama o se contrata a otra empresa o consorcio.

Hasta ahora el Estado uruguayo pagó 30 millones de dólares de los casi 90 millones que implica la construcción de las dos patrulleras (OPV).