LEY DE URGENTE CONSIDERACIÓN

El Frente Amplio reacciona contra el plan de Lacalle Pou para derogar la ley de inclusión financiera

Varias figuras del gobierno actual atribuyen intenciones de apoyo a los evasores y un paso hacia el regreso de Uruguay como "paraíso fiscal"

El subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, fue uno de los primeros en criticar el anteproyecto conocido como ley de urgente consideración por decisiones que -de aprobarse en trámite rápido- derogarán aspectos fundamentales de la ley de inclusión financiera en vigencia a instancias de los gobiernos del Frente Amplio.

El borrador del paquete legislativo propone una inclusión financiera no obligatoria, es decir que -por ejemplo- empleadores y trabajadores puedan acordar que el pago de salarios pueda hacerse en efectivo y sin intermediarios.

Ferreri criticó en principio el uso del instrumento.

"Una ley de urgente consideración es un instrumento para temas que sean justamente urgentes. No parece lógico que 457 artículos sean urgentes, y para muestra basta un botón: ¿la habilitación a hacer chorizos artesanales es urgente? (artículo 318) Sino fuera tan absurdo, sería hasta gracioso".

El jerarca también cuestionó los pasos atrás que determinará, entre otras cosas, que no sea obligatoria pagar los salarios mediante el uso de medios electrónicos.

"La urgencia mostrada en desarmar la inclusión financiera, fomentando la informalidad, también habla mucho de una orientación en la cual no creemos. Informalidad y pérdida de derechos de los trabajadores no es el camino hacia un Uruguay mejor", comentó Ferreri.

Ademas, dijo que se elimina la obligatoriedad de medios electrónicos de pago para montos elevados y por otro lado se vuelve a las sociedades anónimas para la compra de tierras. "Tenemos el combo perfecto: con una valija llena de plata puedo comprar una estancia y ponerla en una S.A.", aseguró.

El dirigente del MPP Sebastián "Tati" Sabini también puso de relieve que el nuevo escenario aumentará la "opacidad" del sistema financiero.

"Facilidades para evadir impuestos, pagarle en negro a los trabajadores y lavar plata; dificultades para la libertad de expresión, el derecho a huelga, y la participación social. Son el gobierno de los poderosos y actúan en consecuencia", escribió en la red Twitter.

"Se llenaron la boca hablando de la necesidad de proteger la democracia y la república y nos obligan a discutir temas serios en una ley ómnibus, sin posibilidades reales de participación de la academia y el conjunto de la sociedad", agregó Sabini.

Otro dirigente frenteamplista que se manifestó sobre el tema fue Gonzalo Civila, actual secretario general del Partido Socialista.

En su cuenta de Twitter escribió: "No hay una ley, ni siquiera un proyecto, hay un borrador que confirma lo peor de nuestros pronósticos, e incluso va más allá. Lo mismo que con el 'acuerdo programático' para el balotaje: tiran una bomba para medir reacciones y después aparecer cediendo alguna barbaridad", manifestó.

Alejandro "Pacha" Sánchez, dirigente del MPP, recordó el debate preelectoral.

"¿Se acuerdan cuando hablábamos de los dos modelos? Recorte de derechos laborales, políticos, sociales y económicos, achique del Estado, beneficios a los privados en detrimento de lo público. ¿Podríamos llamarla Ley de Restauración?", concluyó.

Fabiana Goyeneche, directora de Desarrollo Social de la Intendencia llamó "ley de atropello" a la ley de urgente consideración.

"La llaman 'ley de urgente consideración' porque 'ley de atropello que elimina libertades, restringe derechos y atenta contra la clase trabajadora' era demasiado obvio. Es tiempo de unidad, organización y resistencia".

ASTI LEY

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