El 17 de mayo, día clave para el Ferrocarril Central y la nueva planta de UPM

El mandatario dio señales positivas respecto a la instalación de la segunda planta de UPM en Uruguay.

"Todo está firmado positivamente, todo está en verde", afirmó con optimismo el presidente ante una consulta de El Observador. "Lo que sí puedo decir con seguridad es que todos los puntos que nos propusimos trabajar para llegar a un acuerdo final, todos, absolutamente todos, están acordados entre el gobierno nacional y UPM".

El 17 de mayo será un día crucial tanto para el Ferrocarril Central como para instalación de la industria celulósica en Pueblo Centenario.

Ese día llegarán directivos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Corporación Andina de Fomento (CAF), principales financiadores del proyecto estimado en unos 1.000 millones de dólares.

Vázquez confirmó también que en esa misma jornada llegaran al país los principales de UPM a quienes se les dará todos los documentos acordados por el gobierno y solo restará "la consideración de los accionistas" de la empresa finlandesa. Serán ellos los que determinen la decisión final.

"ABSOLUTAMENTE TODOS LOS PUNTOS"

Fuentes de la empresa habían deslizado al diario El Observador que darían respuesta definitiva antes del 30 de junio, fecha en que se celebrarán las internas de los partidos en Uruguay. Agregaron en ese sentido que querían disociar la eventual de una inversión de 4.000 millones de dólares del clima electoral.

En las declaraciones de Vázquez llamó la atención que se asegurara que "absolutamente todos los puntos estén acordados con la empresa.

Transcendió en los últimos días que UPM había rechazado la propuesta del gobierno la propuesta de mediación en materia de conflictos laborales.

El 26 de abril el CEO de UPM Jusi Personen, había informado a los accionistas en un informe interno que "seguirán conversando" con el gobierno pese a considerar insuficiente la propuesta.

Los inversores exigen un mecanismo que limite el derecho de ocupación de lugares de trabajo. Hasta el momento, los empresarios deben recurrir a la justicia, la que decide caso a caso.

El PIT-CNT ya adelantó que no aceptará decretos en ese sentido ni ninguna limitación al derecho de huelga.

Según Búsqueda, el Ministerio de Trabajo presentó en febrero una propuesta que incluía instalar dos oficinas en el propio emplazamiento de la planta para buscar un protocolo con mecanismos de negociación antes de que se desaten conflictos.