Demanda internacional: Cardama acusa "mala fe" del gobierno, y el Ejecutivo responde pidiendo la devolución de USD 33 millones

El gobierno adujo entonces que la garantía de fiel cumplimiento del contrato que presentó Cardama en octubre de 2024 era falsa y que el banco europeo que extendió la misma no existía. Denunció así un “intento de fraude o estafa”, dijo Orsi en la conferencia de prensa de 2025.

Cardama dice en la demanda que “cuando se obtuvo conocimiento por primera vez de un supuesto fraude relacionado con la garantía de fiel cumplimiento, Cardama solicitó asistencia de Uruguay para solventar la situación, se dirigió de inmediato a Eurocommerce, quien, en ese momento confirmó la validez y vigencia de dicha garantía, e incluso inició un procedimiento penal ante la jurisdicción española para la investigación de los hechos”.

“Con respecto a Uruguay, Cardama intentó por todos los medios a su alcance contactar con el Ministerio de Defensa Nacional para buscar una solución consensuada a un alegado defecto contractual en todo caso subsanable, a través de, por ejemplo, el otorgamiento de una garantía alternativa; en la expectativa razonable de que se encontraba ante un contrato que ambas partes tenían intención de ejecutar”, dice el texto de la demanda, al que accedió Subrayado.

Como respuesta, dice Cardama. “Uruguay exhibió una actitud absolutamente obstructiva y una negativa frontal a cualquier tipo de conversación extrajudicial. Tanto es así, que tras la rueda de prensa se generó una instancia que tuvo como mediador a Dr. Gonzalo Fernández, ex ministro de Defensa Nacional, ex Secretario de la Presidencia de la República e integrante del mismo partido de gobierno actual. Sin embargo, este desistió precisamente por la opacidad y falta de colaboración de del gobierno. Es más, a fecha de la presente solicitud, y a pesar de los múltiples y reiterados intentos de Cardama, incluso con posterioridad a la rescisión final de febrero de 2026, no se ha logrado mantener ni una sola reunión entre las partes. Este comportamiento obstructivo de Uruguay, lejos de disiparse, se intensificó en los siguientes meses puesto que no dejó de buscar activamente una justificación para salir del contrato suscrito con Cardama. Ello por cuestiones de calado político totalmente ajenas a Cardama”, dice la empresa en su demanda internacional.

En resumen, dice Cardama, “la rescisión del contrato por parte de Uruguay fue la culminación de una conducta continuada de mala fe, iniciada con la exposición pública y mediática de acusaciones gravísimas sin previa comunicación a Cardama, seguida del rechazo sistemático a toda solución conservativa del contrato y de la fabricación oportunista de supuestos incumplimientos para justificar una decisión de rescisión ya tomada de antemano”.

Por estas cosas, Cardama le pide al tribunal internacional varias cosas:

1) Que declare que la rescisión contractual promovida por Uruguay fue improcedente y contraria a Derecho.

2) Que declare que Uruguay ha incumplido sus obligaciones contractuales y violentado el principio de buena fe contractual.

3) Que declare que Cardama tiene derecho a percibir cualesquiera cantidades pendientes de pago en virtud del contrato, así como una indemnización por los daños y perjuicios sufridos y condene a Uruguay al pago de las mismas.

4) Que declare que Uruguay debe correr con los gastos generados por el presente procedimiento arbitral y condene a Uruguay a su pago.

La contestación del gobierno uruguayo

El gobierno de Uruguay contestó la demanda de Cardama indicando, básicamente, que la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional no tiene potestades ni jurisdicción para resolver la controversia.

Por tal motivo, y tras señalar la presentación de una garantía falsa por parte de Cardama, la respuesta del gobierno fue pedir al tribunal que declare su incompetencia para entender y resolver en este caso.

En todo caso, y “en el improbable caso de que el tribunal asuma competencia”, Uruguay le solicita que:

1) Desestime íntegramente las pretensiones de la Demandante (Cardama).

2) Se declare competente sobre la reconvención presentada por Uruguay.

3) Ordene a Cardama la devolución de todos los importes ya pagados por Uruguay: 28.794.500 Euros. Esto equivale a unos 33 millones de dólares.

4) Ordene a Cardama el pago de una indemnización a favor de Uruguay por todos los daños y perjuicios sufridos.

5) Actualice todos los montos aquí referidos a la tasa de interés aplicable desde el incumplimiento contractual de Cardama o desde la fecha de los pagos cuya devolución se solicita.

6) Declare que la propiedad de los buques construidos hasta la rescisión del contrato corresponde a Uruguay y ordene su transferencia de pleno derecho, de conformidad con la cláusula 21 del Contrato.