Este viernes se reúnen para analizar modificaciones en el Código del Proceso Penal el ministro del Interior Eduardo Bonomi, el fiscal de Corte Jorge Díaz y la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Bernadette Minvielle.
Cumbre de justicia: Suprema Corte, Fiscal Díaz y el ministro Bonomi se reúnen por cambios
Lo harán este viernes. Están de acuerdo en cambiar aspectos del juicio abreviado, de las libertades vigiladas y dar más herramientas a la Policía
Así lo informa TNU.
Los tres integran la comisión de seguimiento del CPP que entró en vigencia en noviembre de 2017, y que ha traído fuertes tensiones entre la Policía y los fiscales, ahora encargados de la investigación criminal.
"Estamos en un proceso de transición que es propio del siglo pasado", afirmó Lacalle Pou
El Ministerio Púbico y Fiscal es favorable a buscar modificaciones en dos temas claves, que han sido motivo de fuertes críticas al CPP: los juicios abreviados y el régimen de libertades vigiladas.
El hecho se produce pocos días después de que se conociera un trabajo académico escrito por el fiscal de Crimen Organizado Luis Pacheco, en que que éste señala que el CPP "es poco transparente" y no plantea garantías para las víctimas.
Pacheco es uno de los fiscales emblemáticos del nuevo sistema de justicia. Ha estado a cargo de investigaciones importantes como Ancap, entre muchas otras.
Las críticas del funcionario está entradas, sobre todo, en el mecanismo del juicio abreviado, que tiene como principal objetivo descomprimir el volumen de trabajo de la administración de justicia.
La sola confesión del acusado otorga una serie de beneficios que no han tenido las consecuencias esperadas en materia de resultados de seguridad.
La escasa transparencia queda patente, según el fiscal Pacheco, por un dato clave: 95% de los casos llegan reservadamente a un acuerdo. En algunos de esos casos luego se le da “viso de transparencia a la víctima" mediante la celebración de una audiencia, esta vez sí pública.
Desde el inicio, la reforma judicial ha sido objeto de polèmicas con la Policìa e incluso con algunos fiscales. Los más críticos, como los exfiscales Gustavo Zubía y Enrique Viana, renunciaron a sus cargos inmediatamente a la puesta en funcionamiento del CPP.
Pacheco, sin embargo, es uno de los hombres de mayor confianza del fiscal de Corte. Por eso sorprendieron sus críticas, muchas coincidentes con las de otros actores.
La Fiscalìa de Corte ha tenido que afrontar polémicas con el Ministerio del Interior.
En la base del conflicto está también la subordinación de la Policía a los fiscales, cuyo rol e importancia crecen en materia de las investigaciones.
Bonomi se quejó en el Parlamento sobre la laxitud de los nuevos criterios. Incluso mencionó el hecho de que bajó el índice de prisionalización en Uruguay en virtud de los cambios en el CPP.
Para el ministro al cierre de 2017 había algo más de 11.000 presos en las cárceles uruguayas. En julio de 2018, Bonomi dijo en la comisión de Constitución y Códigos dijo que la cifra había bajado a unos 9.900 encarcelados.
“El único funcionario público que puede privar a un ciudadano de su libertad ambulatoria, legalmente, es un juez, no el ministro del Interior. Entonces zapatero a tus zapatos”, respondió Díaz.
Este viernes se reúnen para analizar modificaciones en el Código del Proceso Penal el ministro del Interior Eduardo Bonomi, el fiscal de Corte Jorge Díaz y la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Bernadette Minvielle.
Los tres integran la comisón de seguimiento del CPP que entró en vigencia em noviembre de 2017, y que ha traído fuertes tensiones entre la Policía y los fiscales, ahora encargados de la investigación criminal.
El Ministerio Púbico y Fiscal es favorable a buscar modificaciones en dos temas claves, que han sido motivo de fuertes críticas al CPP: los juicios abreviados y el régimen de libertades vigiladas.
El hecho se produce pocos días después de que se conociera un trabajo académico escrito por el fiscal de Crimen Organizado Luis Pacheco, en que que éste señala que el CPP "es poco transparente" y no plantea garantìas para las víctimas.
Pacheco es uno de los fiscales emblemàticos del nuevo sistema de justicia. Ha estado a cargo de investigaciones importantes como Ancap, entre muchas otras.
Las críticas del funcionario está centradas, sobre todo, en el mecanismo del juicio abreviado, que tiene como principal objetivo descomprimir el volumen de trabajo de la administraciòn de justicia.
La sola confesiòn del acusado otorga una serie de beneficios que no han tenido las consecuencias esperadas en materia de resultados de seguridad.
La escasa transparencia queda patente, según el fiscal Pacheco, por un dato clave: 95% de los casos llegan reservadamente a un acuerdo. En algunos de esos casos luego se le da “viso de transparencia a la víctima" mediante la celebración de una audiencia, esta vez sí pública.
Desde el inicio, la reforma judicial ha sido objeto de polémicas con la Policía e incluso con algunos fiscales. Los más críticos, como los exfiscales Gustavo Zubía y Enrique Viana, renunciaron a sus cargos inmediatamente a la puesta en funcionamiento del CPP.
Pacheco, sin embargo, es uno de los hombres de mayor confianza del fiscal de Corte. Por eso sorprendieron sus críticas, muchas coincidentes con las de otros actores.
La Fiscalìa de Corte ha tenido que afrontar polèmicas con el Ministerio del Interior.
En la base del conflicto está también la subordinación de la Policìa a los fiscales, cuyo rol e importancia crecen en materia de las investigaciones.
Bonomi se quejó en el parlamento sobre la laxitud de los nuevos criterios. Incluso mencionó el hecho de que bajó el índice de prisionalización en Uruguay en virtud de los cambios en el CPP.
Para el ministro al cierre de 2017 había algo más de 11.000 presos en las cárceles uruguayas. En julio de 2018, Bonomi dijo en la comisión de Constitución y Códigos dijo que la cifra había bajado a unos 9.900 encarcelados.
“El único funcionario público que puede privar a un ciudadano de su libertad ambulatoria, legalmente, es un juez, no el ministro del Interior. Entonces zapatero a tus zapatos”, respondió Díaz.
EL ARTÍCULO 61
Díaz se mostró a favor de revisar el artículo 61 del Código del Proceso Penal (CPP) para que la Policía pueda interrogar a un imputado sin la autorización previa de un fiscal.
“El artículo más complejo del código es el 61 y la posibilidad de interrogar con autorización fiscal a un imputado. Creo que esa puede ser la madre del borrego, o la piedra que esté abajo del cangrejo”, dijo Díaz a la prensa este jueves.
“Ese artículo es el que yo sé que hay algún tipo de dificultades y bueno, si hay habrá que encararlas”, agregó.
Consultado acerca de si está dispuesto a revisar ese artículo, Díaz respondió que “si”.
El artículo en cuestión dice lo siguiente:
“(Declaraciones del imputado ante la policía). La autoridad administrativa solo podrá interrogar autónomamente al imputado a los efectos de constatar su identidad. Si el imputado manifiesta su disposición a declarar, se tomarán las medidas necesarias para que declare inmediatamente ante el fiscal. Si esto no fuera posible, se podrá consignar las declaraciones que voluntariamente quiera prestar, previa autorización del fiscal y bajo su responsabilidad”.
RESPALDO PARA ACTUAR
El Fiscal de Corte también se refirió al reclamo de los sindicatos policiales acerca de que no están respaldados para actuar y que cada vez que un policía saca su arma lo piensa dos veces porque puede verse envuelto en un problema judicial en su contra.
Díaz negó tal extremo y puso los ejemplos de los últimos días, cuando en distintos episodios la Policía abatió a cuatro delincuentes.
En esos casos, dijo el Fiscal de Corte, los policías que actuaron lo hicieron “dentro de la Constitución y la ley”.
“La Policía tiene respaldo”, dijo Díaz, negando que la Policía “tenga las manos atadas”.
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