Comisión Interamericana de Derechos Humanos notificó al Estado uruguayo tras denuncia de Balcedo y Fiege

El origen del caso se remonta a la madrugada del 4 de enero de 2018, cuando un operativo de gran magnitud irrumpió en la residencia familiar en Piriápolis con helicópteros, vehículos blindados y transmisión en vivo. Según la denuncia presentada ante el sistema interamericano, durante el procedimiento se realizaron incautaciones sin que existiera una orden judicial específica que habilitara el alcance de esas medidas en los términos en que fueron ejecutadas.

Otro eje central es la violación de los derechos de los niños. La denuncia subraya el desamparo en que quedaron los hijos menores de la pareja, ignorándose el interés superior del niño y el derecho a la protección de la familia.

Más allá de la eventual demanda económica que la pareja analiza interponer por un monto superior a 200 millones de dólares, el impacto institucional del caso podría ser considerable. El procedimiento contempla la posibilidad de una solución amistosa fundada en el respeto de los derechos humanos. De no prosperar, el proceso podría avanzar hacia una etapa de fondo que determine la eventual responsabilidad internacional del Estado.

Si bien la comisión no se ha pronunciado aún sobre el fondo del asunto, la admisión del trámite confirma que existen elementos suficientes para exigir explicaciones formales sobre presuntas violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.