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Centro de Estudios para el Desarrollo proyecta caída de 3,8% del PBI y un déficit de 6,8%

Agustín Iturralde, director ejecutivo del CED, analizó en vivo en Subrayado el proyecto de Ley de Presupuesto Quinquenal del Poder Ejecutivo.

El economista Agustín Iturralde, director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), analizó el proyecto de Ley de Presupuesto Quinquenal, que cuenta con media sanción de Diputados y está a estudio del Senado.

Entrevistado por Blanca Rodríguez y Nicolás Lussich en Subrayado, afirmó que el presupuesto está alineado con la promesa de campaña y citó tres características de la iniciativa. Intenta mejorar el déficit fiscal sin aumentar impuestos que, a su vez, se sustenta en dos pilares: una baja significativa del gasto público en 2021 y una confianza en el crecimiento económico a partir de 2022.

“El crecimiento económico va a ser el que va a terminar de llevar el déficit a niveles más deseables”, afirmó. El presupuesto plantea una consolidación fiscal gradual, y recién a partir de 2023 o 2024 el déficit convergerá a niveles “más razonables y sostenibles”, de entre 2% y 3%, consideró.

Estimó que la baja del gasto público será algo menor a los 900 millones de dólares que se propuesto al gobierno durante la campaña electoral.

Con respecto a las proyecciones para este año, el CED estima una caída del PBI de 3,8%, tres décimas de punto porcentual más que las previsiones del Poder Ejecutivo. En cuanto al déficit fiscal, lo ubica en el 6,8% del PBI, superior al 6,5% proyectado por el gobierno.

“El Estado no deja de hacer cosas. Creo que si alguien espera que el Estado baje más el gasto, necesariamente va a tener que empezar a decir qué cosas tiene que dejar de hacer”, indicó Iturralde.

El director ejecutivo del CED indicó que a partir del año próximo se registrará una reactivación de la industria de la construcción a través del impulso de la inversión privada mediante la ley de vivienda promovida.

La clave para retomar el crecimiento económico está en llevar a cabo reformas procompetitividad, mejorar la inserción internacional, reducir los costos energéticos y atender la regulación de mercados, aseguró Iturralde.