El economista Agustín Iturralde, director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), analizó el proyecto de Ley de Presupuesto Quinquenal, que cuenta con media sanción de Diputados y está a estudio del Senado.
Centro de Estudios para el Desarrollo proyecta caída de 3,8% del PBI y un déficit de 6,8%
Agustín Iturralde, director ejecutivo del CED, analizó en vivo en Subrayado el proyecto de Ley de Presupuesto Quinquenal del Poder Ejecutivo.
Entrevistado por Blanca Rodríguez y Nicolás Lussich en Subrayado, afirmó que el presupuesto está alineado con la promesa de campaña y citó tres características de la iniciativa. Intenta mejorar el déficit fiscal sin aumentar impuestos que, a su vez, se sustenta en dos pilares: una baja significativa del gasto público en 2021 y una confianza en el crecimiento económico a partir de 2022.
“El crecimiento económico va a ser el que va a terminar de llevar el déficit a niveles más deseables”, afirmó. El presupuesto plantea una consolidación fiscal gradual, y recién a partir de 2023 o 2024 el déficit convergerá a niveles “más razonables y sostenibles”, de entre 2% y 3%, consideró.
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Estimó que la baja del gasto público será algo menor a los 900 millones de dólares que se propuesto al gobierno durante la campaña electoral.
Con respecto a las proyecciones para este año, el CED estima una caída del PBI de 3,8%, tres décimas de punto porcentual más que las previsiones del Poder Ejecutivo. En cuanto al déficit fiscal, lo ubica en el 6,8% del PBI, superior al 6,5% proyectado por el gobierno.
“El Estado no deja de hacer cosas. Creo que si alguien espera que el Estado baje más el gasto, necesariamente va a tener que empezar a decir qué cosas tiene que dejar de hacer”, indicó Iturralde.
El director ejecutivo del CED indicó que a partir del año próximo se registrará una reactivación de la industria de la construcción a través del impulso de la inversión privada mediante la ley de vivienda promovida.
La clave para retomar el crecimiento económico está en llevar a cabo reformas procompetitividad, mejorar la inserción internacional, reducir los costos energéticos y atender la regulación de mercados, aseguró Iturralde.