El edil blanco Diego Rodríguez anunció que llamaría a Cosse a la Junta Departamental a dar explicaciones.
Carolina Cosse será llamada a la Junta por contratar a los custodios de Tabaré Vázquez
"Ellos cuidaron a Tabaré durante toda su vida, bueno, yo ahora le voy a cumplir a Tabaré", fue el argumento usado por la jefa comunal.
Cosse deberá comparecer ante la Comisión General por la contratación de custodios que antes formaban parte del equipo de seguridad del expresidente Tabaré Vázquez.
A ello se sumará una denuncia ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). La realizará el edil Fabián Bravetti, también del Partido Nacional.
"De salir favorable el plebiscito se va a tener que aplicar, no hay dos lecturas", dijo Orsi sobre comentarios de Cosse
Este miércoles, la intendenta admitió en rueda de prensa que contrató a los custodios.
"Ellos cuidaron a Tabaré durante toda su vida, bueno, yo ahora le voy a cumplir a Tabaré", explicó la jerarca argumentando la inversión.
"Las declaraciones de la intendenta confirman que abundan las contrataciones que responden a favores personales y a amiguismos", dijo Bravetti a El País.
"Esto nos despierta la alarma de saber si efectivamente son necesarios estos funcionarios o si, por el contrario, simplemente se trata de una contratación sostenida meramente por compromisos personales", agregó.
Cosse aseguró que todos los custodias "tienen tareas asignadas muy importantes".
Según detalló, uno se encuentra en el proyecto de cuidado del área del Mercado Modelo, dos forman parte de una comisión que se formó "para considerar temas de seguridad en todo lo que son las instalaciones de la intendencia en Montevideo", otro es su escolta y otros dos ya estaban.
"Parece que fuera culpable por tener los custodios que eran de Tabaré. Sí, están trabajando en la intendencia, y tienen tareas asignadas muy importantes", dijo la intendenta.
El 2 de octubre el diario El Observador publicó la noticia. Seis excustodios del presidente Tabaré Vázquez pasaron a desempeñarse en la órbita de la Intendencia de Montevideo (IMM) desde que el Frente Amplio perdió el gobierno nacional. Cinco de ellos integraron el Servicio de Seguridad Presidencial que custodiaba al mandatario en su actividad cotidiana, mientras que el último fue allegado a la familia Vázquez previo a su arribo a la administración, e incluso estuvo en la primera línea de Fucvam, que mantuvo un crispado relacionamiento con el Poder Ejecutivo.
Dos pertenecen a la era Di Candia. El primer traspaso fue el de Rodrigo Verdier a mediados de febrero de 2020. El 5 de marzo se efectuó la llegada de Sombra da Silva, también como pase en comisión. Los dos exintegrantes de la seguridad presidencial pasaron a desempeñarse como conductores dentro del Servicio de Convivencia.
El 22 de marzo de este año, la gestión de Cosse prorrogó el pase en comisión hasta el final del período para Verdier. Da Silva, por su parte, abandonó el rol por motivos personales y hoy reside en Brasil.
El 27 de mayo la IMM creó una Comisión de Abordaje de la Problemática de Seguridad. El ámbito oficializó una tarea que comenzaron a desempeñar a fines del mandato de Di Candia los expertos en seguridad pública Alfredo Clavijo y Ana Sosa, El primero era el titular de la Guardia Republicana, mientras que la segunda fue la directora del Centro de Comando Unificado (CCU) de la cartera de Eduardo Bonomi.
Nelson Isnardi y Leonel Estévez entraron a la comuna en régimen de pase en comisión a mediados de febrero.
Desde la IMM entienden que si volvían al Ministerio del Interior en su rango policial les hubiera correspondido salir a patrullar las calles. Isnardi fue el jefe de la custodia de Vázquez.
En mayo la intendenta Cosse firmó la contratación de José Javier Fabra, apodado "Porteño",.
Fabra es un militante del Partido Comunista que llegó a la IMM para asesorar en materia de seguridad, logística y convivencia en torno al Mercado Modelo.
A diferencia de las anteriores, no fue un pase en comisión. A pesar de haber pertenecido al Servicio de Seguridad Presidencial, nunca fue policía por tener un prontuario por uso ilícito de armas 20 años atrás, generado a partir de un episodio acontecido en un acto político.
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