El presidente Tabaré Vázquez informó este miércoles que la minera Aratirí demandó al Estado uruguayo por 3.536 millones de dólares.
Aratirí formalizó demanda contra el Estado uruguayo por US$ 3.536 millones
La corporación india cree que la ley de minería supuso un cambio en las reglas de juego. Delegación oficial viaja a reunirse con abogados
En declaraciones a Radio Sarandí, Vázquez dijo que la demanda se formalizó el 3 de julio. El juicio tendrá lugar a mediados de diciembre en París.
En julio de 2017 Aratirí inscribió su denuncia ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.
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“Estamos convencidos que así como antes ganamos litigios internacionales, volveremos a triunfar porque el país hace años que viene trabajando y blindándose para enfrentar esta instancia”, dijo el mandatario.
El próximo domingo una delegación oficial uruguaya viajará hacia Washington. Allí se reunirá con el abogado Paul Reichler, miembro del estudio Foley Koag, que ya defendió a Uruguay en la demanda de la tabacalera Phillip Morris
La delegación estará integrada Alejandro Nario y Jorge Rucks, ex directores de la Dirección de Medio Ambiente; los abogados Marcelo Cousillas y Eugenio Fernández; Néstor Campal, director de Minería; Roberto Kreimerman, ex ministro de Industria, Energía y Minería, y Miguel Toma, actual secretario de la Presidencia.
A fines de la década pasada el grupo Zamin Ferrous inició tratativas con el gobierno uruguayo para realizar una inversión minera de más de 3.000 millones de dólares. Esta inversión iba a implicar una serie de emprendimentos conexos.
Durante el desarrollo del negocio en Uruguay, Aratirí -el nombre local de la minera- negoció invertir en el puerto oceánico de La Paloma como salida para sus productos. Iba a ser el complemento de mineroducto que iba a unir la explotación de Valentines con Rocha.
Los acuerdos no avanzaron, no aparecieron otros inversores, el precio del hierro a nivel internacional fue variando y con este panorama el entusiasmo de Aratirí fue perdiendo espacio en la casa matriz.
En Uruguay el CEO de la empresa era el ingeniero Fernando Puntigliano, quien fuera funcionario en los gobiernos frenteamplistas, primero como presidente de la Administración Nacional de Puertos y ahora en la Intendencia de Montevideo como director de Desarrollo Ambiental.
La empresa de origen indio inició demanda al Estado por los supuestos cambios de reglas de juego que provocó la aprobación de la ley de minería.
En 2011 Aratirí empezó una serie de inversiones en la zona de Valentines, en la frontera de los departamentos de Treinta y Tres, Florida y Lavalleja.
Cuando se aprobó la ley de minería comenzó a desacelerar las inversiones hasta que se decidió reorientarla hacia otros emprendimientos en Brasil, África y Oceanía.
En 2015, Mujica había advertido que si no se negociaba la salida de la empresa iba a haber un juicio. Aratirí entonces había planteado una inversión de menor porte.
Esta mañana, Mujica habló con Canal 12 y dijo que Zamin Ferrous "está acostumbrada a realizar este tipo de operativos". "Ya lo hice en Brasil".
Durante su administración la corporación se instaló en el país y al final de su gobierno se retiró en medio de un conflicto a varias bandas: gremial, con los productores locales y con el gobierno.
El expresidente aseguró que "hay que ir despacio por las piedras" porque estas demandas llevan su tiempo.
Mujica puso el ejemplo de la demanda por la Estación Central por 1.000 millones de dólares que lleva más de 25 años.
"Pasaron varios presidentes y sigue", comentó. "Veremos".
El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, manifestó que están confiados en la defensa que se prepara para enfrentar la demanda de la empresa minera.
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