TRATA DE PERSONAS

Adolescentes extranjeros eran obligados a trabajar todo el día y se quedaban con su dinero

Les daban bolsas de golosinas y alimento para perros que debían vender puerta a puerta. Tres adultos extranjeros imputados y en prisión.

La Fiscalía y la Policía de Rocha desarticularon en el Chuy una red de trata de personas con fines de explotación laboral que tenía a varios adolescentes extranjeros prácticamente en un régimen de esclavitud.

Dos hombres de nacionalidad venezolana y una mujer colombiana fueron imputados y enviados a prisión el fin de semana por asociación para delinquir y trata de personas.

El fiscal Andrés Moller, con apoyo de la Policía de Crimen Organizado e Interpol, lograron determinar que los tres imputados ingresaron a Uruguay de manera ilegal a una docena de adolescentes extranjeros, en su mayoría de Ecuador.

Los menores de edad eran obligados a vender puerta a puerta distintos productos, durante todo el día, y lo adultos que los explotaban se quedaban con casi todo el dinero que recaudaban.

LA MANIOBRA

Según consta en el dictamen fiscal, los tres imputados fueron a la ciudad de Guayaquil, Ecuador, “con la finalidad de captar jóvenes de contexto crítico, los cuales se encuentran en situaciones de vulnerabilidad”.

“Ésta captación también la realizaban mediante un página de la red social Facebook. Posteriormente los trasladaron a nuestro territorio, reclutándolos para eludir los distintos controles fronterizos de más de cuatro países y mediante engaño les prometieron una propuesta laboral”, dice el fiscal Moller.

“Ya estando en nuestro país, N. y N. (dos de los imputados) coordinaron el alojamiento y finalmente la explotación laboral, la cual se llevaba a cabo mediante la siguiente modalidad: preparaban a las víctimas pequeños envoltorios con alimentos para mascotas y también golosinas, a efectos de que salieran a venderlos puerta a puerta, a voluntad, actividad que debían desarrollar durante todo el día y a la hora 19:00, todos debían estar de regreso en el Hostel donde se alojaban, vertiendo allí lo recaudado durante la jornada. Asimismo, los imputados, les solicitaban a las víctimas que al momento de ofrecer sus productos, invocaran que pertenecían a la Protectora de Animales ‘Formation of Lions’, siendo ésta una ONG Internacional”, detalla el dictamen fiscal.

EXPLOTACIÓN

“De la investigación se desprende que; si las víctimas bajaban tarde de los dormitorios o no salían a tiempo a trabajar se les cobraba multas de entre $100 y $150 en adelante”, dice el documento oficial, y agrega: “Existían en la organización reglas y acuerdos con los cuales se obligaba a cumplir, y de lo que recaudaban en el día se les daba aproximadamente un 20%, con lo que debían costear sus alojamientos, dado que básicamente las víctimas no manejaban dinero”.

“Sumado a ello, en ocasiones se retenían por parte de los imputados documentación de los migrantes. También surge claramente que las víctimas se refieren a los imputados N. y L. como ‘madre’ y ‘padre’, respectivamente. Reconociendo todos a C. como la encargada de ellos y de la organización, existiendo una clara distribución de tareas y una asociación a efectos de cometer el ilícito referido”, señala Moller.

DICTAMEN

“Surge de la presente investigación y relación de hechos que los imputados integran un grupo criminal organizado, donde éstos lo lideran o son un engranaje importante, con fines de explotación laboral; que busca el lucro económico a partir del comercio con seres humanos, participando en el reclutamiento, transporte, acogida de migrantes de extrema vulnerabilidad social los que eran sometidos a diferentes actividades que menoscaban su dignidad humana, hechos que encuadran en la descripción típica del artículo 78 y de la ley 18.250 , siendo presuntos autores de un delito de trata de personas, agravado por regulado en el artículo 81 literal B) y E) ya que cinco de las víctimas son adolescentes, y que los agentes realizaban el ilícito como actividad habitual, delito el que concurre fuera de la reiteración con el de asociación para delinquir regulado en los artículos 56 y 150 del Código Penal Uruguayo", expresa el fiscal en la solicitud de formalización de la investigación.

Los tres extranjeros imputados fueron enviados a prisión por 150 días, de forma preventiva, para evitar que escapen mientas continúa la investigación y van a juicio.

La pena del delito mayor, es decir el de la trata de personas, oscila entre 4 y 16 años de penitenciaría.

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El presidente del INAU Pablo Abdala dijo que los menores de edad están siendo atendidos por las autoridades de la Institución, y destacó que la denuncia partió precisamente desde el INAU:

ABDALA ROCHA

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