El diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, afirmó este miércoles que la decisión de Cardama de iniciar un arbitraje internacional contra Uruguay por la rescisión del contrato para la construcción de dos patrullas oceánicas "es la confirmación de una consecuencia que todos estábamos esperando".
Abdala dijo que arbitraje de Cardama "confirma irresponsabilidad del gobierno"; para el FA es "un manotazo de ahogado"
La decisión del astillero español de iniciar un arbitraje internacional contra el Estado uruguayo por la rescisión del contrato para la construcción de dos patrullas oceánicas generó repercusiones políticas.
"Era evidente que Cardama, la contraparte, no se iba a quedar de brazos cruzados", aseguró el legislador sobre la postura del astillero español. El nacionalista sostuvo que la rescisión decretada por el gobierno de Orsi fue "polémica" y "sin fundamento alguno", ya que, a su juicio, el astillero venía "cumpliendo en tiempo y forma" con el objeto principal del contrato.
Abdala indicó que la empresa privada se sintió perjudicada y para velar y luchar por sus intereses resolvió entablar la demanda internacional. "Esto lo que confirma es la irresponsabilidad del gobierno", dijo y aseguró que el Poder Ejecutivo "está huérfano de argumentos, con muy poco margen para justificar o fundamental su propia posición".
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Para el diputado blanco, "el Estado actuó muy mal" y "el gobierno rescindió un contrato que se estaba cumpliendo satisfactoriamente en base a supuestas dificultades o errores constructivos que no eran tales".
En tanto, el diputado del Frente Amplio, Joaquín Garlo, se mostró sorprendido por la decisión de Cardama de iniciar un arbitraje internacional contra el Estado uruguayo.
"Es una clara chicana jurídica, un manotazo de ahogado, porque el contrato establece con mucha claridad que los aspectos contractuales corresponden a la jurisdicción uruguaya", afirmó el legislador oficialista. "Por lo tanto, si hay algún tipo de reclamo por la rescisión del contrato, Cardama se tiene que presentar ante los tribunales del Uruguay y no ante el arbitraje, que está previsto en el contrato para la solución de diferencias sobre aspectos técnicos, no sobre aspectos jurídicos o incumplimientos, que fueron la razón por la cual el gobierno decidió rescindir este contrato", agregó.
Garlo habló de "incumplimientos graves y sistemáticos" constatados el año pasado, que llevaron a la rescisión por parte del Estado uruguayo al contrato con el astillero español.
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