El problema se instaló en setiembre de 2017 cuando una banda criminal asociada al tráfico de estupefacientes comenzó a expulsar de sus casas a vecinos de la unidad misiones de Casavalle.
Víctimas de usurpación de viviendas no quieren retornar
Son más de 100 y pese a que sus casas fueron recuperadas, prefieren permanecer en lugares donde fueron realojados.
A punta de pistola los amenazaban con matarlos si no se retiraban, la mayoría solo con lo puesto. Así el grupo sacó a más de 100 personas de sus viviendas y comenzó a usarlas como base de operaciones.
En diciembre del año pasado, Mónica Sosa, quien lideraba la banda fue detenida y procesada con medidas alternativas a la prisión como cómplice de extorsión. La mujer siguió actuando en la zona.
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La situación motivó una intervención del gobierno con el objetivo de reinstalar la cultura de la legalidad en la zona. Se tiraron abajo casas con peligro de derrumbe, se hicieron obras de mejora vial, se restablecieron servicios como alumbrado público y recolección de basura y se trabajó para terminar con las acciones criminales en el barrio.
Finalmente, siete personas terminaron ante la Justicia.
Quien lideraba el grupo fue enviada a prisión por 60 días y otras seis personas fueron procesadas con medidas sustitutivas por ser primarios. Las mismas incluyen no ingresar a la zona por 6 meses. Este jueves fueron obligados a devolver las llaves de las casas usurpadas.
Los que aún se resisten realizaron piquetes y quema de cubiertas en el momento en el que los usurpadores devolvieron las llaves.
Quien lideró el trabajo en Casavalle, el sociólogo del Ministerio del Interior, Gustavo Leal, informó que las más de 100 víctimas de esta banda no quieren retornar a las viviendas recuperadas. Se sienten seguros donde están realojados.
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