El gobierno incumplió el 90% de las metas en materia de vialidad y el ministro de Transporte y Obras Públicas Víctor Rossi, culpa del asunto a la inviabilidad de la ley que habilita la Participación Público Privada: "ni una carretilla pudimos mover", declaró.
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Tres años después la "emergencia vial" sigue: "no movimos ni una carretilla"
El 90% de las obra fue incumplida. Ministro Rossi atribuyó fracaso al mecanismo de Participación Público Privado. Hoy deberá comparecer en Parlamento.
En una reunión con legisladores frenteamplistas, el secretario de Estado admitió que el plan vial -una promesa electoral que apuntaba a la deficitaria infraestructura- sigue sin funcionar, en gran parte por el fracaso del sistema que busca aúnar fuerzas entre la inversión pública y particular.
Rossi fue convocado para este miércoles por la Comisión de Transporte de Diputados, a instancias del legislador blanco Juan José Olaizola
De acuerdo a los datos del Plan Estratégico incluido en el Presupuesto 2016, la Dirección de Vialidad tuvo un incumplimiento de 87.5%. Los datos son parte del informe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, señala El Observador.
Se anuncian nuevas obras, pero las que están en curso están detenidas, dijo Olaizola como argumento para llamar a sala al ministro.
La Dirección de Vialidad cumplió sus metas en ocho indicadores planteados. El grado de cumplimiento se estima a traves de la comparación entre el valor alcanzado por los indicadores y su respectiva meta para dicho año.
Según El País, recién se está por concretar la "PPP cero" que comprende las obras en rutas 21 y 24 en Colonia.
En estos momentos hay ocho proyectos en licitación. Pero los legisladores convinieron en que hay que acelerar los plazos del mecanismo PPP para ajustarlo a las necesidades gobierno.
En 2015, cuando asumió Tabaré Vázquez, se declaró una "emergencia vial".
Ahora el gobierno tiene el desafío de enfocarse en obras de infraestructura estratégicas como carreteras y vías férreas relacionadas con la eventual inversión de UPM con una inversión superior por parte del Estado de más de 1.100 millones de dólares.
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