Tres años después la "emergencia vial" sigue: "no movimos ni una carretilla"

El 90% de las obra fue incumplida. Ministro Rossi atribuyó fracaso al mecanismo de Participación Público Privado. Hoy deberá comparecer en Parlamento.

El gobierno incumplió el 90% de las metas en materia de vialidad y el ministro de Transporte y Obras Públicas Víctor Rossi, culpa del asunto a la inviabilidad de la ley que habilita la Participación Público Privada: "ni una carretilla pudimos mover", declaró.

En una reunión con legisladores frenteamplistas, el secretario de Estado admitió que el plan vial -una promesa electoral que apuntaba a la deficitaria infraestructura- sigue sin funcionar, en gran parte por el fracaso del sistema que busca aúnar fuerzas entre la inversión pública y particular.

Rossi fue convocado para este miércoles por la Comisión de Transporte de Diputados, a instancias del legislador blanco Juan José Olaizola

De acuerdo a los datos del Plan Estratégico incluido en el Presupuesto 2016, la Dirección de Vialidad tuvo un incumplimiento de 87.5%. Los datos son parte del informe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, señala El Observador.

Se anuncian nuevas obras, pero las que están en curso están detenidas, dijo Olaizola como argumento para llamar a sala al ministro.

La Dirección de Vialidad cumplió sus metas en ocho indicadores planteados. El grado de cumplimiento se estima a traves de la comparación entre el valor alcanzado por los indicadores y su respectiva meta para dicho año.

Según El País, recién se está por concretar la "PPP cero" que comprende las obras en rutas 21 y 24 en Colonia.

En estos momentos hay ocho proyectos en licitación. Pero los legisladores convinieron en que hay que acelerar los plazos del mecanismo PPP para ajustarlo a las necesidades gobierno.

En 2015, cuando asumió Tabaré Vázquez, se declaró una "emergencia vial".

Ahora el gobierno tiene el desafío de enfocarse en obras de infraestructura estratégicas como carreteras y vías férreas relacionadas con la eventual inversión de UPM con una inversión superior por parte del Estado de más de 1.100 millones de dólares.

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