Senadores interpelan a los ministros de Heber y Bustillo por la situación de Sebastián Marset

Desde el oficialismo señalan que antes del 2014 se revisaban los antecedentes judiciales y las posibles requisitorias en el exterior de la persona que solicitaba el pasaporte, pero luego, con el nuevo decreto, solo se analizaba la situación legal en Uruguay y no fuera de fronteras. Esto, dijeron antes los ministro Heber y Bustillo, permitió que Marset obtuviera el pasaporte, pese a tener antecedentes en Uruguay.

Los jerarcas llegaron acompañados de sus correspondientes delegaciones. En el caso de Relaciones Exteriores, concurrieron la subsecretaria Carolina Ache y el director general para el Área de Asuntos de Frontera, Limítrofes y Marítimos, Carlos Mata. Para el Interior, el subsecretario Guillermo Maciel y el director general, Luis Calabria.

MARIO BERGARA

El miembro interpelante es el senador del Frente Amplio (FA) Mario Bergara, quien cuestiona el trámite “exprés” que se le dio al pasaporte de Marset, además de la inconveniencia política del episodio por los antecedentes penales del involucrado y las condiciones en las que pidió y obtuvo la documentación: preso por ingresar a Dubai con documentos falsos. "Persona con un profundo prontuario criminal, que estaba siendo objeto de una investigación coordinada internacionalmente y que estaba preso en un país por un pasaporte falso. No era cualquier caso", dijo Bergara en su exposición en la Cámara de Senadores.

Al comienzo, Bergara remarcó que "en este momento en algún lugar del mundo está preso el narcotraficante uruguayo con investigaciones abiertas en varios países" y dijo que fue "gracias a que se le expidió y obtuvo un pasaporte uruguayo común (...) En plazos menores a lo que el sentido común hubiese esperado, en un caso de tanta complejidad. Funcionales a los intereses privados de esa persona, para evitar ser deportado".

Además, Bergara marcó que "las autoridades se han dedicado a minimizar el problema que enfrentamos, al tiempo que las trasladan a gobiernos anteriores", y cuestionó el argumento que remite a la legislación vigente: "Leemos la norma y nada dice sobre los plazos de otorgamientos y deja aspectos abiertos al criterio de un buen administrador. No había obligación alguna para seguir adelante en las condiciones y la forma en que se hizo".

Al respecto, hizo referencia más adelante al artículo 48 del reglamento al que hacen referencia desde los ministerios. "Es curioso que las autoridades, que reiteran haber adoptado frente a este caso una actitud piedeletrista, no parecen haberlo leído en su integralidad. No hayan reparado en el artículo 48 de ese reglamento", y citó: "Toda situación no prevista en el presente decreto, en lo que tiene que ver con la expedición o renovación de pasaportes comunes, en la república o en el exterior (...) será resuelta por la Dirección Nacional de Identificación Civil o por el Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo a sus competencias, conforme al espíritu de las normas que regula la expedición de documentos de personas físicas".

También dijo que el reglamento prevé la expedición de un documento que permitía únicamente regresar al Uruguay, en vez de un pasaporte común. Y cuestionó que la entrega se hizo a un apoderado en Uruguay. "La entrega en mano del pasaporte, en lugar de enviarlo por valija diplomática, es absolutamente inusual. Alcanza con ver los números publicados en la Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores: en el año 2020 se tramitaron en el exterior 9.707 pasaportes, y según la información que se ha manejado públicamente, sólo 36 se entregaron en mano. Si sólo el 0,4% de los casos utilizan este procedimiento, ¿no puede acaso catalogarse de tratamiento inusual, de extraordinario?", cuestionó Bergara y consultó respecto a la reunión que mantuvo la subsecretaria Carolina Ache con el abogado del narcotraficante, Alejandro Balbi.

Tras escuchar las declaraciones de los ministros y otros jerarcas de los ministerios, Bergara criticó que "la explicación central sigue siendo el decreto", y que "no habla de causas abiertas, sino de antecedentes".

MINISTERIO DEL INTERIOR

Al comienzo de su disertación, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dejó claro que "no hay ninguna intención en vincular ni a este gobierno ni anteriores gobiernos en ser permisivos con el narcotráfico" y que "ningún partido político en el Uruguay tiene ningún tipo de conexión con el narcotráfico".

"No se puede decir que el decreto 2014 y su artículo 119 es una excusa, porque si yo no cumplo con ese decreto, estoy interpelado en este lugar porque estoy actuando ilegalmente", aseguró el ministro y remarcó: "¿Que me parece una barbaridad? Sí, señor".

"Nosotros no teníamos hasta el 3 de marzo la confirmación de que el señor Marset estaba siendo investigado por Europol, por la inteligencia paraguaya y por la DEA. No existía ninguna causa abierta", señaló el ministro y dijo que no había requisitoria sobre el hombre, por lo que no se había solicitado la información del pasaporte.

El subsecretario Guillermo Maciel, afirmó que "se cumplió con el marco legal vigente" y que "esta persona carecía de causas abiertas, proceso judicial en curso o cualquier tipo de requisitoria nacional o internacional. Cumplía entonces con las condiciones del decreto del 2014".

"Mal se puede estar informando a la Cancillería de algo que ni siquiera yo tengo que saber", sostuvo Heber. Luego dijo que "no lo estaban investigando, y si la estamos investigando es la señora fiscal la que va a decir, no nosotros", afirmó.

Por su parte, Maciel detalló que hubo consultas desde el Ministerio del Interior al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la situación puntual de Marset, sobre el ingreso a Emiratos Árabes y su detención.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

"Lo que se pidió de parte del encargado de Negocios de Paraguay, se advirtió para que se asistiera consularmente a un uruguayo retenido en el extranjero en oportunidad de querer embarcar hacia Turquía. Asistencia debida a cualquier uruguayo", afirmó el canciller Bustillo sobre la información que les fue remitida.

"Pasaron 77 días desde que el señor Marset fue detenido y 33 días después de visitarlo por primera vez en la prisión y tomarle las huellas del caso. No hubo trámite tampoco inusual, de ninguna manera, todo estuvo dentro de la asistencia consular natural y normal en cualquier ocasión. Y sobre todo teniendo en cuenta de quién se trataba el señor Marset cuando se tomó estado público y a través de la requisitoria del día 3 de marzo", dijo.

Bustillo indicó que en la Cancillería se está llevando adelante una investigación administrativa "para salvaguardar la honorabilidad" de quienes participaron en el trámite, pero que están convencidos de que se actuó en el marco de la ley. También se refirió a que al tratarse de un trámite administrativo, no tenían por qué tomar conocimiento ni él como canciller ni Heber como ministro del Interior, porque no había responsabilidad política.

Además, dijo que como no tenía requisitoria, podría haber salido caminando de cualquier aeropuerto. "Podría haber solicitado el pasaporte", marcó.

"El pasaporte no lo liberó. El haber tenido un pasaporte verdadero no extingue haber tenido uno falso", afirmó.

Por su parte, la subsecretaria Carolina Ache, reiteró que la reunión que mantuvo con el abogado de Marset, Alejandro Balbi, no fue para agilizar el pasaporte. "Me solicita una audiencia vía whatsapp, yo lo recibo el 24 de noviembre en Cancillería, en mi despacho, y en esa reunión él me hace una consulta que es la valija diplomática para Emiratos Árabes cuándo salía, le contestó que ya salió y que la valija sale una vez al mes. Este es el contenido de la reunión", indicó y dijo que "el doctor no me solicita ningún trámite y están las pruebas de todas las actuaciones de Cancillería de que yo en este caso no di ninguna instrucción de priorizar, agilizar nada en ningún sentido".

El caso salió a luz meses después cuando surgió a nivel internacional un pedido de captura para Marset, quien ya habían abandonado Dubai gracias al pasaporte obtenido. Desde entonces se desconoce su paradero y está prófugo de la Justicia.

Marset fue involucrado además con el homicidio del fiscal paraguayo Pecci, ocurrido este año en Colombia, mientras estaba de vacaciones.

El fiscal había investigado casos de narcotráfico en Paraguay, en organizaciones criminales en las que estaría involucrado Marset.