Senado comienza a tratar el desafuero de Manini, pero los votos no alcanzan

Si bien los partidos que integran la coalición de gobierno definirán su postura oficialmente hoy, todo indica que la balanza se inclina hacia la negativa al desafuero.

De todos modos, el senador Jorge Gandini dijo que la resolución se tomará oficialmente este lunes luego de una reunión de bancada.

QUÉ DICE LA CONSTITUCIÓN SOBRE DESAFUERO

El artículo 114 de la Constitución de la República sostiene: “Ningún Senador o Representante, desde el día de su elección hasta el de su cese, podrá ser acusado criminalmente, ni aún por delitos comunes que no sean de los detallados en el artículo 93, sino ante su respectiva Cámara, la cual, por dos tercios de votos del total de sus componentes, resolverá si hay lugar a la formación de causa, y, en caso afirmativo, lo declarará suspendido en sus funciones y quedará a disposición del Tribunal competente”.

Esto supone en Cámara Alta 21 votos en 30. El FA tiene 13 legisladores. Dentro del Partido Colorado solo Ciudadanos (Talvi) piensa votar a favor, en tanto el sector Batllistas (un senador) lo hará en contra. Tiene dos senadores. Dentro de la coalición multicolor solo Manini Ríos apoyará su desafuero. Es decir, habría 16 votos de los 21 necesarios.

El fiscal Rodrigo Morosoli pidió el desafuero en noviembre de 2019 para imputarlo de un delito de omisión de denuncia por no comunicar a la Justicia que el represor José Nino Gavazzo confesó ante un Tribunal de Honor militar que durante la dictadura, en 1973, se encargó de hacer desaparecer el cuerpo del tupamaro Roberto Gomensoro, arrojándolo al río Negro.

Este domingo -con motivo del Día del Desaparecido- la organización Madres y Familiares de detenidos desaparecidos volvió a solicitar al Parlamento el desafuero de Manini por intentar obstruir la justicia y criticar el accionar de fiscales y jueces ante delitos que -según él- quedaron fuera de cuestión tras la aprobación de la Ley de Caducidad.

A pedido de la institución, el Ministerio de Defensa dio a conocer nuevas actas, esta vez de las declaraciones del coronel retirado Gilberto Vázquez a un tribunal militar en 2006, poco después de ser arrestado durante un intento de fuga.

Allí, el exrepresor confesó haber sido parte del primer y segundo vuelo de la muerte, y de la desaparición del militante Adalberto Soba en setiembre de 1976 en Buenos Aires.

El coronel Vázquez admitió que durante dos años al menos estuvo operando en el vecino país en busca y captura de militantes tupamaros y del PVP, que en ese momento se disponían a volver a Uruguay para reorganizar la resistencia armada. Por entonces, el recién creado PVP -con exmilitantes de FAU, ROE, OPR-33 - venía de realizar varios secuestros extorsivos con resultados millonarios.

Una ínfima cantidad de dinero fue recuperada. Sobre el resto nunca se conoció su destino.

También dijo que se fugó tras ser informado de que su prisión iba a ser parte de un acuerdo entre las Fuerzas Armadas y el gobierno del Frente Amplio, en parte por las presiones desde Argentina para que muchos de ellos fueran enviados a Argentina para su juzgamiento, entre otros por la Caso Gelman. Le atribuye esa información a los excomandantes Ángel Bertolotti y Carlos Díaz.

De acuerdo a ese pacto, el excoronel y otros militares incluidos en esa lista deberían inculparse de al menos un caso y a cambio recibirían una prisión de ocho años en Uruguay.

El exrepresor decidió entonces tramar su fuga fingiendo una enfermedad para ser llevado al Hospital Militar.

En su declaración señaló que el objetivo de su fuga era pasar a la clandestinidad y realizar atentados. Entre los posibles objetivos dijo estaba matar al presidente de la República de entonces, Tabaré Vázquez.

Además le contó a tribunal militar otros hechos gravísimos no corroborados. Narró que en 1989, año en que se plebiscitó la Ley de Caducidad, la "junta de generales" se puso en contacto con él para notificarlo de una serie de ataques a políticos a efectos de ser partícipe. Nombró a tres de los cuatro dirigentes que estaban en la mira: Leon Lev, Eleuterio Fernández Huidobro y el fallecido Hugo Cores, exsenador y líder del PVP.

Este expediente llegó en su momento al Ministerio de Defensa con el fallo del tribunal militar basado estrictamente en la conducta de Gilberto Vázquez referida a la fuga, pero nada respecto a las admisiones en materia de delitos de lesa humanidad en dictadura.

“Azucena Berruti y Tabaré Vázquez nunca vieron las actas, homologaron lo que venía de Jurídica”, explicó José Bayardi, que en 2006 era subsecretario de la cartera.

FISCALÍA DE CORTE ANALIZA LAS ACTAS DE GILBERTO VÁZQUEZ

El fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Perciaballe, habló este lunes con el programa radial En Perspectiva sobre las declaraciones del militar procesado.

Dijo que se reunirá con el titular del ministerio público, Jorge Díaz, para determinar qué hacer con los delitos y los múltiples y graves hechos denunciados por el exagente de inteligencia militar.

Perciaballe dijo que la mayoría de esos temas no caerían dentro de su órbita, y que en caso de ser ciertos deberìan derivados a otras fiscalías para su investigación.

De las actas no hay temas relevantes, ya que el coronel retirado ya fue procesado por el caso Soba y por el segundo vuelo de la muerte. Sí se lo incorporaría al expediente con la causa denunciada por 28 mujeres, donde el militar retirado tiene pedido de procesamiento, informa TNU.

El fiscal dijo que las declaraciones por la muerte de Adalberto Soba y la participación de Vázquez en el primer y segundo vuelo son hechos "corroborables", pero que habrá que investigar que hay de cierto en el resto de las declaraciones.

Los dichos del imputado apuntan a varias direcciones y esto obligará a repensar las investigaciones.

Entre los hechos graves, el fiscal citó la intención de fuga de Gilberto Vázquez supuestamente para realizar atentados y planear -entre otras cosas- el posible asesinato del presidente Tabaré Vázquez.

También mencionó la supuesta negociación para confesar delitos en Uruguay y evitar la extradición a Argentina, y un supuesto plan de la junta de generales para atentar contra figuras políticas.

A las 10 de la mañana, la vicepresidenta Beatriz Argimón recibe al ministro de Defensa Javier García para tratar el tema de las actas del exrepresor Gilberto Vázquez. Estas declaraciones a un tribunal militar en 2006 no tienen relación directa con Manini, aunque su contenido revela un patrón de conducta en los mandos de altos de las FF.AA.

UN ANTECEDENTE SIGNIFICATIVO

En el segundo semestre de 2018 y los primeros tres meses de 2019, otras declaraciones militares causaron revuelo y mostraron las tensiones que los hechos de la dictadura siguen provocando en el más alto nivel.

Hay que recordar que Manini fue destituido por el presidente Tabaré Vázquez tras una reunión en la que se trató las actas ante tribunal de honor de otro exmilitar de la dictadura, José Gavazzo.

Allí, entre otros hechos graves, Gavazzo ratificaba su participación directa en la muerte del militante Roberto Gomensoro Josman, algo que antes había negado públicamente.

Presidencia entendía que esas actas no fueran notificadas en tiempo y forma al Poder Ejecutivo, algo que quedó en entredicho por hechos posteriores.

El presidente entendió que Manini ocultó las actas y subestimó la gravedad de los hechos, pero eso no fue todo.

En la reunión entre el presidente Vázquez y el entonces comandante en jefe del Ejército, éste criticó al Poder Judicial, lo que cortó todos sus lazos con el gobierno y determinó su salida definitiva del cargo. Fue destituido de inmediato el día 12 de marzo.

A partir de allí se procesó una polémica sobre la entrega de dichos documentos, que determinó un intercambio de responsabilidades entre el propio Manini, el presidente Vázquez y el secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma. El otro protagonista del hecho era el ministro de Defensa del momento, Jorge Menéndez, quien falleció en plena discusión pública acerca de las responsabilidades del gobierno.

Menéndez murió en abril de 2019, y desde enero estaba diagnosticado con cáncer de páncreas e hígado. Pero antes de morir hizo pública una carta a Tabaré Vázquez donde contradecía la primera versión del gobierno que puntaba sobre Manini y sobre él.

La intención del entonces ministro era presentar una denuncia penal, por lo que pidió a dos abogados de la cartera que analizaran las actas y vieran qué margen de acción tendría la Justicia. Menéndez llamó a Tabaré Vázquez, se reunió con Toma, y aseguró que le comentó al presidente sobre los contenidos de las actas y sobre un documento de Manini que debía revisar.

El ministro, el presidente y el secretario habrían acordado hacer la denuncia, pero Vázquez terminó admitiendo que no leyó las actas y que el proceso judicial se vio demorado por esa situación. Para entonces, el tema había tomado estado público a través de El Observador y otros medios. El argumento del mandatario fue que no siempre puede leer los 50 expedientes que pasaban por su despacho a diario.