Se votará ley penal empresarial con 9 senadores convencidos en 31

En ese sentido, Nin Novoa reveló que en la reunión de bancada de este lunes se tomó la decisión de votar el proyecto sin cambios, tal cual se aprobó en Diputados, “por 9 a 7”.

Esto es, nueve senadores del Frente Amplio se pronunciaron a favor de votar el proyecto sin cambios, mientras que siete insistieron en aprobar la ley con modificaciones. La intención de estos siete senadores del FA era evitar que se declare inconstitucional la ley.

Todos los senadores del gobierno (los 16) están a favor de legislar para sancionar con penas de prisión a los empleadores que no garanticen los elementos de seguridad a sus trabajadores. Pero algunos (nueve) quieren que se vote el mismo proyecto que aprobaron los diputados del FA, y otros (siete) querían introducirle cambios.

La oposición pasó factura de inmediato. El senador colorado Alfredo Solari destacó que “solo nueve senadores en 31” están de acuerdo con el proyecto tal cual salió de Diputados. El resto no está de acuerdo con la redacción final del proyecto (los siete restantes del FA) o directamente está en contra de la ley (blancos y colorados).

Mientras los senadores debatían en la Cámara, cientos de trabajadores del Sunca (sindicato de la construcción) se manifestaban fuera del Palacio Legislativo en una suerte de presión para que se apruebe la ley.

REPAROS. Nin Novoa cuestionó que el proyecto puede penalizar con prisión “a cualquier persona o tipo de empleador” y advirtió que la seguridad en el ámbito laboral “le corresponde no solo al empleador”, también “al capataz” y “al trabajador”.

El legislador del Frente Líber Seregni dijo que este proyecto de ley “supone un adelantamiento del castigo, porque no penaliza ya el accidente sino la omisión” del empleador “en el cumplimiento de las normas” se seguridad previstas.

El senador oficialista citó argumentos jurídicos de expertos, que advierten que solo se puede penar como delito la conducta “dolosa” (con intención de cometer un delito) o “culposa” (cuando no hay intención pero el delito se comete igual).

“Por eso decíamos que debía imputarse la pena a título doloso”, es decir, agregó, introduciendo el concepto de “omisión deliberada o intencional” por parte del empleador.

Por último Nin Novoa advirtió que no promueve con sus palabras la inconstitucionalidad de la ley. “Actuamos como un técnico prevencionista”, comentó.

“Hubiéramos querido que se blindara de otra forma el proyecto. Nos hubiera gustado una redacción diferente”, sentenció antes de terminar.