Salud Pública presentó informe de intervención del Casmu en el Parlamento y lo entregará a Fiscalía

Los interventores “han detectado importantes irregularidades en las contrataciones de servicios en diversas áreas” con un elevado números de contratos firmados por montos elevados y por varios años de plazo, que no han sido aprobados por los directivos, ni informados al Consejo Directivo, ni se han respetado los estatutos.

Los contratos fueron firmados por el gerente de Logística, Proyectos, Inversiones y Obras, quien tiene amplias potestades atribuidas por el Consejo Directivo, cuando no eran delegables según los estatutos y en una gerencia no prevista por los mismos. Además, se pudo constatar que varios de los servicios tercerizados eran en favor de empresas cuyos jerarcas eran a su vez funcionarios de la mutualista.

“Existe una ausencia muy importante de procedimientos básicos de control interno y de oposición de intereses en relación a adquisiciones y pagos, que no son excepciones sino la regla”, afirma el documento. Los técnicos constataron que previo a las adquisiciones o firma de los contratos no se realizan análisis económicos sobre la conveniencia de los precios o las condiciones ofrecidas.

“Se observa reiteradamente que la misma persona que indica la necesidad, controla luego las facturas y autoriza los pagos. Se realizan pagos de contratos vencidos, por objetos no incluidos en el alcance de los mismos o por precios diferentes (más elevados) a los pactados contractualmente”, agrega el informe. “Los interventores han sugerido suspender pagos a diferentes empresas, hasta tanto se aporte la documentación respaldante a los mismos. En muchos casos la institución lo ha respetado, y con la información aportada, los interventores han podido detectar pagos en exceso a empresas contratadas en relación a lo contratado”, señala.

“También hay contratos con cláusulas retroactivas hasta un año atrás con claro perjuicio a Casmu, firmados recientemente. Existen contratos sin fecha clara. Se constató la existencia de dos contratos vigentes para un mismo servicio, en que cada uno establece diferentes formas de pago”, agrega.

Además, “Casmu, sin comunicarlo a los interventores o con la negativa por escrito de los mismos, en ocasiones ha continuado contratando personal administrativo a empresas tercerizadas, a la vez que mantiene el mismo tipo de recurso humano en el seguro de desempleo“. En setiembre, el gasto en remuneraciones aumentó 30 millones de pesos respecto al mes anterior, debido a disminución de seguros de desempleo, actividad quirúrgica y pagos de licencias.

A 4 meses de la intervención, “se continúan registrando pagos o asumiéndose nuevas obligaciones por parte de Casmu que, o bien no fueron elevados a los interventores para su análisis, o bien fueron rechazados por estos, pero la institución los concretó y concreta igualmente. Se han constatado gastos superfluos en un momento de crisis financiera como la que atraviesa la institución“.

A fines de octubre, la deuda del Casmu era de 26 millones de dólares por cheques y conformes emitidos, prestamistas no formales más de 11 millones de dólares. Además, se estima que los pasivos comerciales tendrán un incremento de más de un 30% con respecto al cierre del balance anterior, pasando de 1.100 a 1.400 millones de pesos. De acuerdo al análisis de todos los préstamos, el endeudamiento con instituciones financieras formales ascendería al entorno de 1.200 millones de pesos.

"Si las autoridades de Casmu no toman responsablemente medidas de reducción del gasto, para lograr un equilibrio económico, el desfinanciamiento continuará aumentando, las necesidades financieras también lo que colocará a la institución en situación de riesgo asistencial inminente, ante la no obtención de más financiamiento externo por falta de garantías, y posibilidad de que los proveedores no quieran vender más sin expectativas claras de pago, o a plazos tan extensos o que la propia institución no pueda hacer frente a salarios y aportes", sostiene el informe de los interventores.

Tras los descargos presentados por la mutualista, "los interventores concluyen que la institución no levanta las observaciones planteadas por ellos en sus informes".

El Ministerio de Salud Pública (MSP) entregó los informes de intervención a la Fiscalía para que determine si hay elementos que puedan tipificarse como delitos.