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¿Qué hay detrás del dragado en Martín García?

No es una disputa más con Argentina. Es un negocio millonario desautorizado por "informaciones privadas" que insisten en la existencia de coimas, sobreprecios y demoras

 

El Parlamento decidió convocar al canciller Luis Almagro para que explique los detalles del acuerdo por el dragado de Martín García.

En los últimos días, las intervenciones del presidente José Mujica dejaron más dudas acerca del futuro del negocio binacional.  

"Somos impresentables en el Río de la Plata", comentó risueño el primer mandatario en obvia alusión al reciente procesamiento del representante argentino de la Comisión Administradora del río Uruguay (CARU), Hernán Orduna.

Orduna fue sentenciado por sobreprecios en la compra de equipamiento para la Vigésima Cumbre Iberoamericana que tuvo lugar en Mar del Plata, en diciembre de 2010.

En esa misma entrevista, el  presidente dijo que, si no avanzaban las negociaciones, autorizaría el dragado en forma "unilateral".

Como ocurrió con otros temas, pocas horas después el gobierno salió desmentir lo dicho.

El tema intentó ser aclarado por el prosecretario de la presidencia, Diego Cánepa, quien señaló que Mujica se refería al puerto de Nueva Palmira y no a Martín García.

De todos modos, el dragado del lecho del Río Uruguay es un tema prioritario en la agenda uruguaya.

EL NEGOCIO. ¿De qué se trata el negocio y por qué es estratégico para ambos países? El proyecto consiste en llevar el canal de navegación de 32 a 34 pies. En ese punto coinciden todas las versiones.

Una nota publicada hoy en El Observador da cuenta que la política "de buena vecindad" llevada a cabo por la Administración Mujica también alcanza a la CARU donde se procesa el proyecto de dragado.

Según el informe, el gobierno uruguayo acompañó la decisión argentina de otorgarle el mantenimiento del dragado a Riovía, un consorcio de capitales holandeses.

Esta posición se llevó a cabo pese a las "informaciones no públicas" -al decir de Almagro- que indicaban la existencia de presuntas coimas y arreglos entre los delegados argentinos y la empresa.

Molesto por la difusión de esas versiones, Almagro adjudicó las mismas a la empresa naviera Christophersen.

El canciller dijo ayer en el Consejo de Ministros que la eventual denuncia debería hacerse en Argentina, el país en donde se cometió la irregularidad.

A la gravedad del tema se suma otro hecho: habría una segunda empresa interesada en el dragado que cobraría menos por el mismo trabajo.

Riovía trabaja allí desde 1991. Su contrato venció en enero. Hasta el momento, el gobierno de Cristina Kirchner se niega a hacer un llamado público a expresiones de interés y pretende renovarle a la empresa al menos por un periodo más, mientras se sustancia el llamado definitivo.

La delegación uruguaya aceptó la propuesta argentina, aunque solicitó que el ajuste de tarifas no sobrepasara el 20%. En cambio Riovía propone un aumento del 40%.

Según El Observador, un grupo reducido de operadores y empresarios navieros sabían del ofrecimiento de coimas por más de un millón de dólares.

El presidente José Mujica no adhirió a estas versiones. Dijo que quien tenga pruebas recurra a la justicia.

Lo cierto es que la no aprobación de un nuevo contrato con Ríovia, e incluso la revisión del mismo, postergará el llamado a licitación, algo que por la vía de los hechos favorece la posición de Argentina.

NUEVO CRONOGRAMA. Almagro habló de nuevo cronograma y dijo que en la reunión del 3 de mayo no se pretendió acordar el dragado. “La última vez que se dragó el Río de la Plata estas negociaciones demoraron como 10 años.

Entonces, el hecho de que hayamos quemado diferentes etapas en un año y medio significa que tienen un ritmo sostenido. Obviamente que nosotros tenemos interés en avanzar más rápido pero siempre hemos tenido un cronograma por delante y hemos procurado ajustarnos al mismo", señaló el canciller.

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