BRASIL

Policía de Brasil recomienda presentar cargos contra hijo de Bolsonaro por supuesta red de espionaje ilegal

La investigación de dos años evidencia el uso ilegal de una 'Agencia Brasileña de Inteligencia paralela' para monitorear teléfonos y computadoras de jueces, periodistas, activistas y políticos.

La Policía de Brasil recomendó presentar cargos contra uno de los hijos del expresidente Jair Bolsonaro, acusado como sospechoso de haber participado en una supuesta red de espionaje ilegal durante el mandato de su padre.

Carlos, uno de los hijos de Bolsonaro, y varios miembros del gobierno de su período, fueron acusados de utilizar la Agencia Brasileña de Inteligencia para espiar ilegalmente a personajes públicos, según informaron medios locales.

La situación legal del propio Jair Bolsonaro en este caso es una incógnita por ahora. La causa permanece bajo secreto de sumario y su contenido fue difundido por los principales medios brasileños.

Las autoridades acaban de concluir una investigación de dos años que evidencia el uso ilegal de una 'Agencia Brasileña de Inteligencia paralela' (ABIN) para monitorear jueces, periodistas, activistas y políticos, accediendo sin autorización a sus teléfonos y computadoras con un software especializado llamado First Mile.

El material obtenido fue presuntamente empleado por el hijo del líder ultraderechista, Carlos Bolsonaro, para alimentar las campañas de desinformación y los ataques en redes sociales desde el llamado 'Gabinete del odio'.

Además, el informe de la Policía Federal destaca que el esquema criminal no se disolvió tras la salida de Bolsonaro. De hecho, el actual jefe de la agencia, Luiz Fernando Correa, también figura entre los acusados por una supuesta obstrucción a la investigación.

La Policía concluyó su informe con una recomendación de hacer una reforma urgente del órgano de Inteligencia para impedir que esta red de espionaje se repita en el futuro. Bolsonaro ya enfrenta otro proceso penal por un intento de golpe de Estado tras los comicios de 2022, lo que podría suponerle décadas de cárcel.

El siguiente paso corresponde a la Fiscalía General, que deberá decidir si presenta formalmente una acusación o si solicita nuevas diligencias.

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