Parlamento exige al gobierno actas militares y una explicación sobre la crisis en Defensa

El Senado tiene que tomar decisión sobre el pedido destitución de los generales que integraron los tribunales militares

Bayardi se mostró favorable a concurrir ante el requerimiento de colorados y blancos.

"Cada vez que sea convocado (iré). Tengo historia parlamentaria. Cada vez que el Parlamento me llame voy a ir. Tengo mucho respeto por la institucionalidad del Parlamento", dijo el flamante ministro, que vuelve a la cartera tras años de ausencia.

En una sesión ocurrida esta semana en el Parlamento, el senador Germán Coutinho propuso que se presentara a dar explicaciones Miguel Toma, secretario de la Presidencia, un hombre directamente involucrado en los hechos.

La oposición no solo quiere saber al detalle qué pasó, quién tiene responsabilidad en los hechos, sino que también pretende recibir un pantallazo sobre cómo se manejarán los temas pendientes con Fuerzas Armadas en el futuro inmediato, sobre todo porque hay asuntos pendientes como la ley orgánica que prevé una reducción de las FF.AA. y nuevas pautas en la formación militar.

Jorge Larrañaga reclamó -antes de tomar una decisión- las actas de la polémica que desencadenaron el descabezamiento del Ejército por parte del presidente.

Los legisladores quieren conocer al detalle lo que contiene ese expediente en el que hay descripción de decenas de asesinatos y desapariciones ocurridos durante la guerra sucia y la posterior dictadura.

En la misma línea se expresó el ex comandante del Ejército Guido Manini Ríos, quien pidió a los legisladores que no decidan "al grito" y obtengan toda la información antes de votar la destitución de los cuatro generales.

MEA CULPA

Vázquez destituyó a los comandantes Guido Manini Ríos y a su fugaz sucesor, José Antonio González. Éste último también integró los tribunales que consideran que los represores no afectaron el honor de las Fuerzas Armadas.

También fueron destituidos de sus cargos los generales Gustavo Fajardo y Alfredo Erramún, miembros del tribunal militar que analizó la conducta de José Gavazzo, Jorge "Pajarito" Silveira y Luis Alfredo Maurente, entre otros acusados de violaciones a los derechos humanos.

Vázquez tomo la decisión antes de admitir que él mismo no leyó las actas con las confesiones del excoronel José Gavazzo, atribuyéndose la muerte de Roberto Gomensoro Josman, ocurrida en marzo de 1973, tres meses antes de que se concretara el Golpe de Estado cívico-militar.

El presidente dijo haber confiado en sus interlocutores del Poder Ejecutivo, y dejó entrever que el excomandante Manini no le habló del asunto como hubiera correspondido.

Manini, a su vez, explicó -ya como precandidato presidencial de Cabildo Abierto- que la declaración de Gavazzo que tal vez "con el diario del lunes" debió poner el énfasis en la confesión de Gavazzo y detener la indagatoria para agilizar la denuncia penal del poder civil.

La relación de Manini y Vázquez explotó mucho antes de conocerse públicamente el expediente del tribunal militar. La publicación del diario El Observador detonó en el seno del gobierno y dejó entrever que los mecanismos de impunidad militar siguen vivos pese a los casi 35 años de institucionalidad democrática.

Vázquez destituyó al comandante luego de una tensa reunión en la que el militar presentó por escrito duras críticas al Poder Judicial por el tratamiento de militares por hechos ocurridos cuatro décadas antes.

Manini presentó nueve casos en loa que se evidenciaron -a su juicio- injusticia.

El comandante se concentró en particular en el caso de un sargento que fue a prisión por abuso de poder frente a un detenido. El excomandante dijo que este delito hoy es "excarcelable" y la decisión del juez de enviarlo a prisión fue una señal de "revanchismo".

Luego de conocerse el contenido de las actas, se generó además una polémica en el entorno de la Torre Ejecutiva: el secretario de Presidencia Miguel Toma culpó al Ministerio de Defensa por la demora en informar a Tabaré Vázquez sobre la confesión de Gavazzo, y su pase a la justicia penal .

El destituido Jorge Menéndez -de antigua militancia socialista como Vázquez- emitió un comunicado explicando que en el mes de febrero se presentó ante Toma junto a dos abogados del Ministerio de Defensa y que allí le explicó el alcance de las actas del Tribunal Militar y la necesidad de dar trámite de los hechos ante tribunales que juzgan casos de derechos humanos.

Toma no pudo desmentir este hecho, y tampoco pudo explicar cómo no le informó a Tabaré Vázquez. De antigua militancia colorada, Toma es uno e los funcionarios de máxima confianza del presidente. Cuando asumió la influyente secretaria de Presidencia, muchos perfiles periodísticos subrayaron su pertenencia a la masonería, igual que el primer mandatario.

La cadena de malentendidos que llevaron a la crisis pusieron el foco sobre él.

En el consejo de ministros, Toma culpó también por la demora al director general de Presidencia, Diego Pastorín. Ante la molestia de algunos ministros, sostuvo que una vez analizado en Torre Ejecutiva, el trámite debía ser seguido por Defensa.

Nada de eso había ocurrido. En ese corto período de tiempo, entre la notificación a Toma y la publicación de las actas en El Observador, la salud del ministro Menéndez se complicó, al punto que decidió presentar renuncia.

Vázquez no se la aceptó en ese momento y dejó provisoriamente al frente al subsecretario Montiel, representante del MPP, el sector que tradicionalmente ha manejado las cuestiones militares en los tres gobiernos del FA.

ARRESTO A RIGOR

Las indagatorias a Gavazzo databan de mediados de 2018. En ese período tanto Toma como el comandante en jefe hablaron varias veces con el presidente Vàzquez.

Coincidió con un período complicado en la relación del comandante y el jefe de Estado, quien lo sancionó con arresto a rigor por una polémica pública sostenida con el ministro de Trabajo Ernesto Murro por la aprobación del proyecto de Caja Militar.

Dijo que el ministro "mentía a sabiendas" sobre aspectos de la solución hallada frente al déficit millonario en dólares del organismo que paga jubilaciones y pensiones militares.

La omisión de informar al presidente sobre las actas militares pareció, en principio, ser parte de las tensiones que se crearon entre el Ejército y el gobierno del Frente Amplio desde meses antes.

Antes del arresto a rigor, Manini también había escrito en el Twitter oficial de la comandancia otro mensaje que cayó pésimo en el gobierno rememorando el asesinato del coronel Artigas Álvarez ocurrido el 25 de julio de 1972 por obra de un comando guerrillero.

El mensaje fue visto como una intrusión política, muy alejada de las atribuciones de un jerarca militar.

Manini descartó que la mala relación con Vázquez haya sido el detonante para no informarlo sobre el caso Gavazzo.

Señaló que la confesión sobre Gomensoro era un algo sabido, y que Gavazzo era una persona que había mentido sobre estos hechos en innumerables ocasiones.

Él entendió, según dijo, que era mejor continuar con las indagatorias -entre ellas sobre el "segundo vuelo" de la muerte- y no frenar las medidas de fondo, como el pase a situación de reforma para Gavazzo y otros. Esta sanción implica una rebaja salarial, la quita del rango militar y la prohibición de usar uniforme de por vida.

Gavazzo confesó el asesinato de Gomensoro -dijo Manini- para frenar las actuaciones, que su confesión pasara a la justicia penal y demorar así las sanciones máximas del tribunal militar.

Sin embargo, en el Poder Ejecutivo y en el sistema político entendieron otra cosa.

Era la primera vez que, a juicio de las autoridades civiles, Gavazzo admitía el asesinato de Gomensoro Josman, un caso por el que había sido juzgado casi una década atrás.

Hasta entonces negaba cualquier participación en el hecho. En varias ocasiones, incluso ante la Comisión para la Paz y la posterior comisión de seguimiento, Gavazzo dijo que no estaba en Paso de los Toros en el tiempo que estuvo detenido Gomensoro.

Por este delito fue procesado el coronel (r) Juan Carlos Gómez, en ese entonces subordinado de Gavazzo, Gómez estuvo entre 2010 y 2013 preso y luego liberado por falta de pruebas.

Muchos en el Ejército creen que Gavazzo faltó al honor cuando dejó que Gómez fuera preso.

Para el mundo político la confesión del coronel (r) significó una vuelta de tuerca a todo lo conocido.

Ante el tribunal militar, Gavazzo reconoció que fue él quien dio muerte al joven militante luego de una jornada de incesantes torturas. Y que fue él solo quien lo cargó en un vehículo y lo tiró al río, envuelto en un tejido de alambre con piedras adentro.

Lo hizo, agregó. a solicitud del general Esteban Cristi, entonces director de la División de Ejército con jurisdicción en Tacuarembó. También involucró en la decisión al coronel Antonio Rubio, jefe del cuartel.

NI en el estamento militar ni en el político le creen a Gavazzo sobre la soledad de su autoría.

El deceso de Gomensoro se produjo el 12 de marzo de 1973 y el cadáver apareció flotando en el Río Negro seis días después, muy cerca del cuartel de Artillería 1 donde fue visto por última vez.

Quien siempre señaló a Gavazzo como responsable era Mario Valerio Blanco, otro militante que se encontraba detenido en el batallón de Artillería que fue la escena del crimen.

Blanco declaró que fue Gomensoro torturado porque le contestaba "mal" a Gavazzo y a otros militares -entre ellos a Juan Carlos Gómez- que se encontraban en el galpón utilizado para los interrogatorios.

Incluso aceptó que él se salvó porque decidió "colaborar".

Este viernes, Manini Ríos llamó "mentiroso contumaz" a Blanco.