El Colegio de Abogados del Uruguay reivindicó este lunes su "compromiso permanente con la dignidad de la profesión" y la "defensa de los más altos estándares de conducta en el ejercicio de la abogacía" tras la judicialización de cuatro abogados en el marco de la "Operación Carancho", por la filtración de datos personales de víctimas de siniestros de tránsito para contactarlas con el objetivo de brindarle asesoramiento legal para el cobro del Seguro Obligatorio de Automotores (SOA).
Para Colegio de Abogados acciones de profesionales en caso Carachos "son incompatibles e inaceptables"
Para este caso específico, recuerda la disposición del Código de Ética para la Abogacía Nacional que expresamente reprocha la conducta de dirigirse directamente o a través de terceros a víctimas de accidentes recientes.
En una declaración, el colegio asegura que "la abogacía es, ante todo, una profesión de servicio hacia las personas y la justicia. Quien la abraza asume la obligación de actuar con probidad, lealtad, independencia, irrenunciable compromiso hacia quien consulta, en defensa de los intereses del cliente y respeto absoluto al ordenamiento".
"El debate ético relativo al comportamiento de los profesionales es y debe ser independiente del alcance de la Justicia Penal donde debe preservarse las garantías y los derechos de los indagados, el debido proceso así como la medida cautelar de reserva de la indagatoria", agrega.
Diez condenados y dos imputados en red de abogados, inspectores, policías y enfermeros que captaban víctimas de accidentes
Para este caso específico, recuerda la disposición del Código de Ética para la Abogacía Nacional que expresamente reprocha la conducta de dirigirse directamente o a través de terceros a víctimas de accidentes porque "carecen de plena y serena libertad para la elección de abogado por encontrarse en ese momento sufriendo una reciente desgracia personal o colectiva".
"La ética no es un complemento del ejercicio profesional: es su esencia misma", asegura y sostiene que las prácticas de los abogados judicializados "son incompatibles e inaceptables con el ejercicio de la abogacía", según la declaración firmada por el presidente del Colegio de Abogados, Florencio Macedo, y el secretario, Álvaro Acordagoitia.
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