Paganini: "Se han resuelto 23 situaciones del total de 35 designaciones directas" en Salto Grande

"No es exacto que nuestra cartera estuviera en incumplimiento", remarcó. Además, afirmó que se realiza una auditoría de la gestión.

El intendente de Canelones y precandidato por el Frente Amplio, Yamandú Orsi, criticó en su cuenta de X la transferencia que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizó a la comisión por 744 millones de pesos.

En ese sentido, el ministro indicó que el monto está dispuesto por ley y que no es de este gobierno: "Es importante que este cuerpo tenga presente que esa es la partida presupuestal aprobada por el Parlamento y que está congelada desde el año 2015".

"Sin duda se trata de una confusión o un error que no debería usarse para generar dudas, para generar incertidumbre sobre el desarrollo del funcionamiento de la comisión técnico mixta. Salvo que se pretenda, y descarto que no es el caso, que a partir de ahora no se hagan más transferencias", dijo.

Sostuvo que la partida aprobada en 2015 y renovada en el presupuesto 2020 a 2024. "Sí es cierto ha sido reforzada todos los años a excepción de 2020. Lo que es absolutamente lógico, dado que nadie puede concebir que lo que alcanzaba en el año 2015 puede alcanzar nueve años después", consideró.

"Esto es importante tenerlo en cuenta para trabajar con seriedad el tema de los aportes presupuestales, tratar de no hablar para la tribuna y de aquí en más que cada vez que haya que aportar dinero a la comisión técnica mixta de Salto Grande", dijo.

El ministro se refirió también a las contrataciones directas y dijo que "se han resuelto hasta el momento 23 situaciones del total de 35 designaciones directas. Ya sea de común acuerdo o ajustadas a normativa vigente. Tengamos presente que cada uno de los trabajadores designados en la CTM, tanto argentinos como uruguayos, son empleados de un organismo internacional, con la vigencia plena de eso derechos una vez que son confirmados, independientemente del área donde revistan funciones".

Y detalló cómo fueron alcanzadas las soluciones: siete que renunciaron en forma definitiva (cuatro renunciaron en forma definitiva y en tres casos vencieron los contratos y no fueron renovados), una persona se jubila en marzo de 2025 y 15 personas que renunciaron por voluntad propia y pasaron a modalidad de contratos anuales renovables. Estos contratos fueron firmados en noviembre y una cláusula indica que la CTM puede terminar el vínculo contractual de cualquier manera y de forma unilateral.

"Hay entonces 12 situaciones no resueltas. Son personal permanente y aún cuando en algún caso se presentó una renuncia voluntaria a su condición de permanente o se puso la misma a disposición, la delegación argentina no la aprobó, porque cumple funciones en un área común del complejo binacional y la delegación argentina entiende que son necesarios allí", explicó Paganini.

"En el caso de los funcionarios que además revestían su calidad de edil, titular o suplente al momento del ingreso, se mantienen cuatro de ellos en condición de empleados permanentes. De ellos tres, que eran ediles suplentes, renunciaron a la Junta Departamental y solo hay una funcionaria que en este momento reviste el doble rol de funcionario y edil", agregó Paganini.

FRENTE AMPLIO

El legislador Nicolás Viera, del Frente Amplio, dijo que en la exposición de Paganini se reafirma que "hay algunas líneas de trabajo que el Parlamento ha solicitado, como es el caso de la auditoría de gestión que está en marcha, cosa que yo celebro". De todos modos, sostuvo que desde el Frente Amplio consideran que "no todo se ha cumplido".

El diputado comenzó respondiendo a la afirmación de Paganini sobre el pedido de informes que, aseguró, se hizo en tiempo y forma.

"Yo dije públicamente, erróneamente de mi parte, que Cancillería no estaba cumpliendo con los tiempos de respuesta de los pedidos de informe, porque asumí que el plazo perentorio para la respuesta de los cuatro pedidos de informe que estaban con mi firma eran el 19 de diciembre, que a partir de ese momento comenzaban los 20 días extra que el Ministerio podía tomar, y que por tanto iba a caer la fecha de vencimiento a mediados de enero", dijo Viera. "Sucede que demoró 20 días un papelito en ser llevado de una oficina a otra dentro de este recinto. Entonces el plazo legal que el Ministerio tenía para responder era el 1 de febrero, y así ocurrió", agregó.

Sobre el presupuesto de 744 millones de pesos, Viera remarcó: "Lo que nosotros cuestionamos es el uso de la partida, no la partida".

"Porque evidentemente, si llegamos a mitad de año y Salto Grande, la delegación de Uruguay, me está pidiendo un refuerzo presupuestal de 623 millones de pesos, que prácticamente es como duplicar el presupuesto, es porque algo no está andando bien", sostuvo. "Ahí hay un problema de gestión claro en la delegación de Uruguay Salto Grande", dijo.

"Las gestiones anteriores de Salto Grande tomaban el desarrollo regional como una cuestión de responsabilidad social o responsabilidad social empresarial. No era el objetivo central de Salto Grande repartir plata a diestra y siniestra, no lo era, como sí lo es en esta administración", señaló. También dijo que "para gestionar los recursos que vienen del peaje, por el cual se otorga a las diferentes organizaciones dinero en donativo, no se requirió en la administración anterior generar ninguna superestructura con cargos metidos a dedo para gestionar esa plata".

Otro punto que cuestionó Viera que el Parlamento era que se resolviera la contratación de los ediles, así como pedir la renuncia de los tres cargos de designación política y que, aseguró, eso no se cumplió.

"Nosotros entendemos que de estos 35, solamente se atan a la resolución del Parlamento siete, que son las desvinculaciones definitivas. Las restantes no se acogen a la resolución del Parlamento porque el Poder Ejecutivo no quiere. Porque la delegación de Uruguay no quiere", sostuvo Viera.

En ese sentido, también cuestionó los retiros incentivados que se dieron a funcionarios cesados. "Carlos Gelpi se fue el 24 de diciembre de 2023, con un regalo de Papá Noel coincidente con las fechas que estábamos viviendo, con casi 1 millón de dólares de retiro incentivado. Carlos Gelpi que tenía 30 años de funciones en Salto Grande y que lo ascendieron sin ningún tipo de formalidades, a dedo también. Y después de eso se saca una resolución que dice que ningún funcionario uruguayo puede o podrá acogerse a retiro incentivado", dijo.

"Siento que aquí se formalizó la corrupción, porque se usaron dineros públicos para acomodar a amigos y rentar militantes políticos de la 404 de Salto", dijo.

El canciller Paganini respondió que los retiros incentivados comenzaron en el año 2007, que se comenzó a regular formalmente en 2009 y que ha tenido cambios. Además, explicó que el dinero se paga como un "subsidio que va decreciendo a lo largo de los años".

COALICIÓN

El diputado blanco Alfonso Lereté afirmó que el Frente Amplio "está mintiendo".

Además, cuestionó lo expresado por Yamandú Orsi sobre el monto asignado para Salto Grande. "El precandidato que apoya, ¿no sabía que este mismo monto también en la era Vázquez se había destinado para CTM? ¿No sabía que desde el año 2015 es el mismo monto?"

Por su parte, respaldó la acción de Cancillería con los 23 puestos que ya no son funcionarios por contratación directa. En particular, sobre las 15 personas que pasaron su modalidad de trabajo a contrato anual. "Ya saben esas personas que el 28 de febrero del año próximo se les terminó el trabajo", dijo. "Y aplaudo como se trató ese tema, porque acá no se le ató las manos al próximo gobierno", agregó.

Para el diputado Lereté, el gobierno "adoptó para sí sin duda alguna lo que fue el pronunciamiento del Parlamento y actuó en consecuencia. Hoy pasamos raya y hoy se cumplió. Por la acción que se desarrolló, pero también porque en aquello que no tomaron determinada decisión desde el punto de vista funcionarial, hubo decisiones externas, en este caso de Argentina, que le impidieron a Uruguay avanzar".

El Partido Nacional ponderó la acción del Poder Ejecutivo y asegura que existen "avances" respecto a lo resuelto en el Parlamento.

"Yo debo decir que desde hace mucho tiempo venía sintiendo que Salto Grande era un lugar de privilegios inauditos", aseguró el senador cabildante, Guillermo Doménech.

Sobre los decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo, tras el pronunciamiento del Parlamento, el cabildante se refirió a que se había solicitado el cese de todos los funcionarios de designación directa y de "todos, todos, los delegados uruguayos".

"Me congratulo que el señor presidente de la República haya prestado su aval directo a esta decisión de la Cámara de Representantes. Y me congratulo que el ministro Paganini, que ha tomado la papa caliente, haya hecho todo lo posible por cumplir con esta resolución de la Cámara de Diputados. No obstante, yo aspiro a un cumplimiento en un cien por ciento", sostuvo.

"Yo la verdad que no creo que haya obstáculos jurídicos. Y me permito discrepar con los seguramente muy ilustres asesores del señor ministro, que impidan el cumplimiento estricto de lo que aprobó en su momento la Cámara de Representantes", agregó.

Omar Estévez, legislador colorado, sostuvo que no apoyó el pronunciamiento porque no estaban de acuerdo con pronunciarse sobre los 35 trabajadores.

"Nunca voy a levantar la mano para poner en una guillotina a un trabajador", dijo.

"El Parlamento, en forma casi unánime, rechazó claramente esos casos de designaciones discrecionales que se dieron en el marco de la delegación o por la delegación de la CTM de Salto Grande", manifestó el diputado por el Partido Independiente. En esa línea, entiende que hubo "un apartamiento, desde un punto de vista ético de lo que debe ser el desarrollo de la gestión pública".

Para el representante del Partido Independiente, "desde el punto de vista de la Cancillería en relación a este tema, se hizo el esfuerzo y se actuó con claro sentido de hacer lugar a lo que fue el pronunciamiento de la Cámara de Diputados".